martes, 23 de abril de 2019

Quién es Sergio Fajardo, excandidato presidencial

Por Carlos Muñoz

Mi fuente de información actual es twitter por lo que en realidad este tópico en particular, no es mío sino de un twitero que desde luego citaré tal y como aparece en su cuenta.

Todo esto surgió del desmesurado "ataque" del connotado periodista Daniel Coronell al ex-candidato de la Colombia Humana Gustavo Petro, actual Senador en virtud de haber quedado segundo en la muy cuestionado contienda electoral del 2018.

"Importante hilo de quién es realmente Sergio Fajardo. Pd. Daniel Coronell nunca haria estas revelaciones. Juzguen ustedes la independencia del Business journalist!"

Hilo en una solo bloque, gracias a blogspot.com
Quién es Sergio Fajardo Valderdama ?Es un «joven» de 63 años, político «independiente» emanado de las entrañas del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), promovido por el mismísimo Nicanor Restrepo Santamaría, y muerto éste, por David Bojanini; todo un «outsider»

Como ven es un señor que no tiene relaciones con el establecimento. Su «independencia» se ve reforzada por los financiadores de su actividad política: lo financian la Fundación Argos, la Administradora de Fondos de Pensiones, Almacenes Exito S.A, Fundación Bancolombia,

Fundación Suramericana, Seguros Bolivar, La Alquería, el Banco Davivienda, Mineros S.A, el Grupo Valorem (caracol tv, cromos, shock, elespectador, Blu Radio, Cine Colombia, Porvenir, D1...), RCN; los cacaos financian a este muchacho independiente desde que nació, literalmente

La gente suspicaz dirá que un jovencito financiado por los cacaos tiene pocas posibilidades de gobernar con autonomía. Veamos. Cuando estaba en la junta directiva de EPM, Fajardo compró el 50% de la compañía en un negocio donde EPM habría perdido casi 50 millones de dólares

Pero por qué actúa de ese modo? Porque es un mal administrador pero sobre todo porque es un muchacho con altísima necesidad de aprobación. Así cuando venía el rey de España Sergio aceleró la Biblioteca españa, desviandose del diseño y estropeando la obra. Igual en hidroituango

De su mala administración hay elementos aduladores por doquier; además de los cincuenta millones que regaló a Bavaria y Sarmiento Angulo en la compra de Orbitel, está el tema de la doble calzada en la vía al tunel Fernando Gómez Martínez (Tunel de Occidente)

También la violación de la regla fiscal en cadi 1% pues gastó más de lo que tenía en la Gobernación, logrando que Antioquia violara la ley 617. Es además mal ejecutor y «distraído», esa cualidad que es tan impresindible en los políticos que recibe apoyo de los cacaos.

De todo ello hay sanciones... a sus subalternos, que luego son reincorporados y nada pasó. De 80 parques educativos hay menos de diez que funcionan bien, porque Fajardo es el rey de los elefantes color blanco de sepulcro blanqueado, además experto en caer parado.

Parado quedó tras darle una licencia minera a su mano derecha politiquera Beatriz White; pero él no sabía, firmó así todo distraído como se distrae con todo lo de sus financiadores. Así fue con la usurpación paramilitar de tierras de Argos y sus vertimientos en las aguas del Sinú

Pero así como no le importa que sus financiadores despojen tierra (falso pacifista), tampoco le importa que contaminen ríos (falso ambientalista) además no sabe sumar y es pésimo promoviendo la educación. tras su programa Antioquia la más paraquiada dio resultados nefastos

Digo, la más educada. De 100 puntos Antioquia sacó 41 en 2014 en las pruebas saber mientras que había sacado casi 45 en 2011. Pasó del puesto 6 al 13, así son casi todos los logros de , una completa farsa de colas y blujean. Pero volvamos sobre sus financiadores

Los financiadores son precisamente los que Petro señala como factores de desigualdad en Colombia: los mineros extractivistas, los baqueros usureros de los fondos de pensiones, y así. Mineros SA por ejemplo, que saca oro de donde nacieron antes los gaitanistas y hoy los caparrapos

Esos mismos que lo financian a él mientras contaminan y despojan tierras también lo premian como el mejor alcalde y el mejor gobernador, para sumarse al dineral que el tipo gasta siempre en publicidad (oficial, ni más faltaba). Así es como «Colombia Líder» lo premia...

Pero antes lo financia. Y las fuentes? Son varias pero hoy voy sin links. No obstante los tengo si alguien los requiere. Retomemos. Es un falso joven, es un falso independiente, es un falso administrador, un falso ambientalista y un falso promotor de la educación. Pero eso no es

El problema para mí es su silencio cómplice y su mirada gorda ante los grupos de extrema derecha, operadores del genocidio contra la izquierda en Colombia. Su equipo político y sus financiadores no se ruborizan ante su vergonzosa cercanía con paramilitares y uribistas

FIN DEL HILO

La persona a cargo del hilo no tiene inconveniente en dar la o las fuentes allí en su cuenta de twitter.

Muchas gracias por leer y entender.

martes, 3 de julio de 2018

Consulta Anticorrupción 2018

 *Buena noticia*: 26 de agosto de 2018, día en que más de 12 millones de Colombianos podemos votar contra este cáncer que hizo metástasis en todas las capas de nuestra sociedad: *LA  CORRUPCION*.
Son 7 preguntas básicas :
1⃣Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios.
2⃣Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar al Estado
3⃣Contratación transparente obligatoria.
4⃣Presupuestos públicos con participación ciudadana.
5⃣Congresistas deben rendir cuentas de asistencia, votación y gestión
6⃣Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio.
7⃣No más atornillados en el poder: máximo tres períodos en corporaciones públicas.

Hoy he tomado la decisión que mi aporte será difundir este mensaje que logre llevarnos a esos 12 millones de colombianos a votar contra este flagelo que azota a todos los colombianos.

domingo, 24 de agosto de 2014

Quién le teme al FMI, columna de Clara López en Las 2 orillas

Quién le teme al FMI, columna de Clara López en Las 2 orillas



Quién le teme al FMI, columna de Clara López en Las 2 orillas

E-mailImprimirPDF
Un sabio adagio popular recuerda que más grave que cometer un error es perseverar en él. Es lo que le sucede a muchos eméritos economistas dedicados en los últimos veinte años a diseñar ingeniosos modelos matemáticos para describir la realidad. Cuando la realidad se sale de la predicción del modelo, no se les ocurre que modelo y la teoría que están aplicando puedan estar equivocados. No. La realidad tiene que ceder al modelo, el cual dicho sea de paso, no es teoría pura ni mucho menos, sino pura ideología disfrazada de técnica. Un historiador del neoliberalismo ha asimilado este fenómeno a la leyenda del Lecho de Procusto, el posadero de Eleusis que cortaba a los clientes para acomodarlos en su cama estrecha.
Hace unos días vimos reflejada esa maroma en el relato que se hizo en la prensa de un informe del Fondo Monetario Nacional (FMI) sobre la economía colombiana. “No hay una evidencia fuerte de que la apreciación del real (del peso) haya afectado negativamente el desempeño del sector manufacturero”, reza una de las conclusiones del estudio del FMI. Cuando el peso se revalúa, el exportador recibe menos pesos por cada dólar, mientras que sus costos siguen iguales. En plata blanca, el industrial que exportaba productos por un valor, digamos de 100.000 dólares, recibía con una tasa de cambio de $2.200 por dólar, la suma de 220 millones de pesos. Con la revaluación del los últimos años al llegar la tasa a 1.900 pesos por dólar, ese mismo industrial recibe apenas 190 millones de pesos, es decir, 30 millones de pesos menos, por exportar los mismos productos con la misma estructura de costos interna: materias primas, salarios, servicios y demás.
Al mismo tiempo, con la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, México, Europa, mucha de la producción industrial nacional ahora debe competir con productos importados. Estos también, gracias a la revaluación, aparecen más baratos al bolsillo del consumidor, pues cuesta menos pesos por dólar, su importación. No es que los industriales de los otros países dejen regados en eficiencia a los industriales nacionales, sino que la política marcroeconómica del Banco de la República y del Gobierno Nacional, por la regla de tres que genera la revaluación, hace que sean más baratos los bienes importados frente a los producidos localmente. Lo que pasa es que antes de los TLC, los productos importados tenían que pagar aranceles para entrar al mercado nacional o sencillamente no estaba permitida su importación para favorecer el trabajo nacional.
Ahora resulta el FMI absolviendo a la revaluación —que según el experto Mauricio Cabrera es de las más altas registradas en el continente—, de responsabilidad alguna por el fenómeno de la desindustrialización que se presenta y que el mismo estudio cuantifica. En efecto, señala que la contribución de la industria al producto nacional ha bajado del 14 % al 11 % entre 2007 y 2013 porque el sector crece a un pírrico 0,1 % anual mientras que el PIB ha crecido a un promedio del 4 % en el mismo periodo. Las causas que aduce el FMI son “procustianas”. Afirma que la demanda internacional de productos industriales colombianos ha disminuido. Entonces, si los TLC no aumentaron la demanda internacional para nuestros productos, ¿para qué se firmaron? Otra razón la encuentran en el aumento de las importaciones de México y China que “pudieron influir” en la contracción de la industria. Pero ya vimos que la revaluación tiene como primer efecto, abaratar las importaciones frente a la producción nacional. Entonces nuevamente, ¿la revaluación no tiene nada que ver con el reemplazo de producción (y trabajo) nacional por productos importados? La importación masiva de todo lo que deberíamos producir en el país equivale a una masiva exportación de puestos de trabajo, la mayor parte de ellos formales, de la especie en vía de extinción en el mercado laboral colombiano.
La conclusión más sorprendente del FMI para explicar la crisis industrial colombiana es la que advierte sobre “los altos costos laborales” para las empresas que han sido favorecidas desde siempre con un salario mínimo legal que aumenta sistemáticamente por debajo del crecimiento económico lo que ha favorecido al capital, aumentado las desigualdades y convertido al salario mínimo legal en un verdadero culto a la pobreza. Cómo para conceder algo pero sin dar lugar a corrección alguna, el FMI termina aceptando que la renovación del TLC con México en el 2011 pudo haber contribuido en algo a la caída industrial. Sabemos que condujo al cierre de la Compañía Colombiana Automotriz que en adelante importará de México los vehículos que antes producía aquí, con trabajadores colombianos.
Definitivamente, el FMI quiere acomodar la realidad a la teoría, en vez de proceder, como los indican los indicadores, a corregir la teoría para permitir una mejora en el diseño de la política económica.
Clara López Obregón.
Las 2 orillas, 15 de agosto de 2014.

lunes, 19 de agosto de 2013

El más anticampesino de los presidentes

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, agosto 16 de 2013
--------------------------------------------------------------

Tras los debates en el Congreso sobre las compras ilegales de tierras por poderosas empresas nacionales y extranjeras y famosos bufetes de abogados, como los de Brigard & Urrutia y Néstor Humberto Martínez, para Riopaila, Cargill y Luis Carlos Sarmiento Angulo, salieron a la luz varias verdades (http://db.tt/DwP0ULLR).

Se demostró que la Ley 160 de 1994 les permite a los campesinos beneficiados por adjudicaciones de baldíos del Estado vender esos predios sin ninguna restricción. Pero que el inciso 9° de su Artículo 72 también establece que nadie –ni persona natural ni jurídica–, puede comprar –acumular– más de uno de esos predios –una UAF, como se llaman–, so pena de la declaratoria de nulidad de la operación. Que esto es así lo han reconocido la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Superintendencia de Notariado, el Incoder, dos ministros de Agricultura, la Contraloría, la Procuraduría y hasta el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, al igual que Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Esta prohibición desarrolla el objetivo primordial del Artículo 64 de la Constitución y la Ley 160, que busca que las tierras del Estado pasen a los campesinos y no salgan de la órbita de la pequeña producción. Como es obvio, se trata de un derecho colectivo del campesinado. Luego quien acumula las UAF viola el ordenamiento legal y despoja de sus derechos a los pequeños productores en su conjunto.

Sabedores de la prohibición de la Ley 160 de acumular tierras, los encopetados abogados que diseñaron el despojo campesino y la ilegalidad –en decenas de casos y por centenares de miles de hectáreas, en la Orinoquia y en el resto del país–, se esforzaron, no en volver legal lo ilegal, porque es imposible, sino en ocultar la violación de la ley, es decir, en que no se supiera que cada parcela adquirida por una empresa diferente era en realidad comprada por una poderosa matriz, la cual explota los predios como uno solo, incluso a escalas de 60 mil y más hectáreas. Algo así como un testaferrato inmobiliario. En el momento en que ocultaron a los verdaderos compradores de cada UAF y la producción unificada de los predios, confesaron de hecho que sí sabían que violaban la Constitución y la ley.

Una vez descubiertos estos actos de corrupción, han recurrido a leguleyadas elementales, las cuales no niegan la prohibición de la Ley 160 de acumular fincas originadas en baldíos, pero sí arguyen que en sus negocios la norma no se aplica en razón de alguna excepción traída de los cabellos. Es tan poco serio el alegato con el que intentan enredar incautos, que estos abogados y sus teorías terminaron de hazmerreíres entre los estudiantes y los profesores de las carreras de derecho.

La posición del gobierno de Juan Manuel Santos no pudo ser peor. Primero, en dos ocasiones y a espaldas de la opinión pública, intentó cambiar la Ley 160, para darle algún viso de legalidad a la ilegalidad. Luego, cuando el escándalo derrotó el tapen-tapen de la Casa de Nariño y rodó la cabeza del embajador en Washington, contra toda evidencia Santos absolvió a su amiguísimo y financista político, les advirtió a sus subalternos que quien volviera a decir que sí se había violado la ley se las vería con él y dio orden de echar por la calle del medio y promover la bien llamada “Ley Urrutia”, porque con ella se proponen blanquear las acumulaciones ilegales de baldíos. En desarrollo de la estratagema, el ministro Estupiñán, quien les dijo a los medios que acumular baldíos era ilegal y que generaba sanciones, le dio una voltereta de 180 grados a su posición, más preocupado por cuidar el puesto que su dignidad. En otro país se cae en diez minutos; aquí, podrían darle la Cruz de Boyacá.

Para ambientar la Ley Urrutia, han intentado convertir este debate, que es sobre ilegalidad y corrupción, en una controversia sobre el modelo agrario, con tan mala suerte para ellos que lo que defienden, y que Santos quiere empeorar, es un desastre, como lo prueba la indignación rural. Porque a punta de TLC aumentan las importaciones y disminuyen las exportaciones, arruinan a los productores y concentran aún más la propiedad de la tierra, a costa del campesinado y de los empresarios pequeños y medianos. Y no para producir bienes agropecuarios, sino para ampliar la escala de la especulación inmobiliaria, en beneficio de algunos de la cúpula de los adinerados criollos y los magnates extranjeros.

jueves, 18 de julio de 2013

Espacio Público: ¿mercado o derecho?
Aurelio Suárez Montoya, El Espectador, Bogotá, julio 16 de 2013
------------------------------------------------------

El gobierno distrital ha elaborado el proyecto de decreto Marco Regulatorio de Aprovechamiento Económico del Espacio Público, al que solo le falta la firma del alcalde.

De su propio título se deduce que la premisa inspiradora es “quien consume, paga”. Una visión de mercado, que convierte dicho “bien de uso público” en mercancía, subestimando lo consignado en la Constitución y en instancias judiciales acerca del derecho de la ciudadanía a su pleno disfrute.

Tal como está concebido, los principios doctrinarios al respecto, que también incluyen el derecho al trabajo para su sustento de los venteros callejeros, ambulantes y estacionarios, quedan subordinados al funcionamiento de un “mercado regulado” en el cual la oferta del espacio público crea su propia demanda, como lo define la economía básica fundada en la Ley de Say.

Se argumenta que hay porciones de espacio público en manos de “mafias” y que, en consecuencia, el Distrito les quitará tal negocio para fortalecer sus finanzas. Una reafirmación de que no es la vigencia de los derechos, ni de los ciudadanos ni de los ocupados informales, lo que impele a tal iniciativa. En otras palabras, que lo que corre hacia los bolsillos de carteles encubiertos vaya a las arcas de la Hacienda distrital.

Con respecto a los venteros, además, serán reubicados –arrumados y segregados- en las llamadas Zonas de Aprovechamiento Económico Permanente (ZAEP). Sólo en esas áreas delimitadas podrán desempeñar su actividad; ahí sí, en una oferta restringida, se estimula aún más que factores de fuerza o de clientelismo sean los que, en últimas, determinen quiénes pueden sobrevivir allí por 5 años, tiempo límite fijado para permanecer. Adicionalmente, se desconoce tanto que el derecho al trabajo está vinculado al “sitio acreditado” como que los listados de venteros registrados se quedan cortos frente a los cerca de 110 mil que existen. Hay un grupo “de informales entre los informales”, cuyo destino en el decreto es completamente incierto, y que -como está esclarecido- pertenecen a circuitos urbanos cuya informalidad trasciende la ocupación y está ligada, asimismo, a la vivienda, servicios públicos y modo de transporte, entre otros.

La supeditación, en este esquema, de los derechos del conjunto de ciudadanos y de los informales al nuevo “negocio público”, implica la aparición de agentes que podrán acceder con predominio a los beneficios implícitos en el decreto, quienes por su capacidad económica o nivel de ingreso pueden asegurarse el disfrute del espacio público, donde, cuando, y como deseen o necesiten para su explotación económica. Una inversión de la cual obtendrán ganancias y que, por supuesto, favorece a personas naturales y jurídicas con mayores recursos de capital disponibles para acceder a lugares y equipamientos puestos en subasta.

De nuevo se repite, como en la salud y en la seguridad social, el derecho dividido por categorías. Neoliberalismo puro, donde el acceso al espacio público será para quien pueda pagarlo mejor en un mercado imperfecto. Quienes transitamos por las calles de Bogotá habremos de acostumbrarnos a ese modelo, regido por tarifas regresivas que ni siquiera consultan las condiciones económicas de los eventuales demandantes, como sucede con los impuestos indirectos. Por ende, el músculo financiero será factor decisivo y estímulo para “atraer” inversión, desechando la cautela y garantía del derecho general.

El gobierno distrital decidió que reglamentar el espacio público, tal como es su deber, es sinónimo de cobrar, de esa forma en el decreto de marras crea un mercado, lo privatiza, sobreponiéndolo a derechos constitucionales de los asociados.