Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 25 de noviembre de 2011.
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Como lo expliqué en reciente debate en el Senado (http://bit.ly/sv3g7F), según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del Ministerio de Minas, en 2010, las regalías, el canon superficiario y los impuestos mineros –el Government take– sumaron el 20 por ciento, cifra que muestra que Colombia recibe apenas la mitad de lo que teóricamente debe recibir, porque el impuesto de renta es del 33% y las regalías promedio pueden ser del orden del 10%. Además del grave daño ambiental y de las malas condiciones laborales que impone, la minería trasnacional tampoco le paga al Estado lo que le debería pagar. En un análisis de pérdidas y ganancias de todos los aspectos, el país es perdedor neto en este negocio.
Las regalías son bajísimas. Las actuales por petróleo no pasan del 8%, igual que las del níquel; las del gas empiezan en 4%, las del carbón van entre 5 y 10%, las reales del oro y la plata son del 3.2%, las del hierro y el cobre valen el 5% y la de las calizas (cemento) el 1%. A todas las partes del negocio minero les toca más que a la Nación, la dueña del recurso principal. En contraste, los paupérrimos indígenas de La Guajira pagan el 12% por la sal que extraen, cifra que muestra un Estado blando con los monopolistas e implacable con las gentes sencillas.
Además de lo bajo de las regalías, son muy escasos los impuestos que pagan. El Ministerio de Hacienda revela que la tasa efectiva del impuesto de renta de las mineras en 2010 fue del 16% y el director de la Dian informa que la tarifa efectiva es del 13%, cifras que se explican por unos descuentos tributarios enormes. Entre 2002 y 2010, el costo fiscal de los impuestos no pagados –no solo mineros– fue de 37,1 billones de pesos, dato que les sirve de argumento a los estudiantes que luchan porque el Estado garantice el derecho a educación gratuita y de alta calidad. En la investigación para el debate se confirmó que los llamados “grandes contribuyentes” –de los que hacen parte las trasnacionales mineras– no lo son porque paguen muchos impuestos, sino porque ellos recaudan y le pasan a la Dian lo que pagan otros (IVA, retención en la fuente, etc.). Lo que en verdad cancelan por renta los grandes contribuyentes apenas equivale al 11% –$7,6 billones– del total de recaudo, y Ecopetrol aporta $3 billones. Si se suma el impuesto al patrimonio, su aporte llega al 14% (http://bit.ly/vL2tGW).
En el debate se citó un informe del director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, de especial gravedad. Este explica que en 2010, por ejemplo, las diferencias entre los patrimonios brutos y líquidos declarados por las mineras van entre el 68 y el 106%, según se trate de lo que informan para la declaración de renta o para el impuesto al patrimonio. “Ortega dijo que el sector minero tributa menos de lo que debe: ‘no es una presunción, es una verdad, pero hay que demostrarlo’” (El Tiempo, Nov.23.11). También denuncia 13 prácticas de las mineras y petroleras para evadir impuestos, entre ellas unas tan graves como estas: “Disfrazan de legal, importaciones ilegales de equipos robados en Venezuela y Ecuador” y “sobornan a los empleados de aduanas proliferando la corrupción y las malas prácticas” (todas las maniobras en http://bit.ly/thHL7G). E informa que en 2009-2010 “el costo de la nómina reportado por los grandes contribuyentes pasó de $58 billones a $92 billones o un 60% de incremento, mientras los parafiscales crecen al 1%”. Qué tal los angelitos.
También con cifras oficiales se demostró que entre el oro producido y que pagó regalías y el exportado hay una diferencia de 23 toneladas –$1.9 billones–, descuadre que puede ser evasión de regalías o exportaciones ficticias y lavado de activos. Y Guillermo Rudas demostró que por canon superficiario las mineras dejan de pagarle a Ingeominas entre $161 mil y 451 mil millones al año (http://bit.ly/rUMTsR), cifra imprecisa porque el gobierno no sabe con exactitud qué pasa. La Contraloría General de la República ha dicho que el Estado cree en las cifras que reportan las trasnacionales mineras por “buena fe”, porque no tiene elementos para “controvertir o rechazar las liquidaciones de producción y cálculo de las regalías que le reportan”. Sobre petróleo agrega que el Minminas no dispone de datos propios sobre el que se extrae y el “que se vende ya sea para exportación o refinación” ni para verificar los “reportes de crudo despachado y recibido en la cadena de producción y transporte” (http://bit.ly/sXnEB5). Que en religión se crea por fe es entendible, pero ¡¿en negocios?! En la base de esta desvergüenza están unas normas redactadas para que ocurriera lo que ocurre y el ridículamente pequeño número de funcionarios encargados de auditar las cifras (14 funcionarios deben medir cada día el petróleo que sale de miles de pozos en 341 campos regados por toda Colombia). En regalías –y en impuestos, para algunos– es más fácil defraudar al Estado que quitarle un sonajero a un bebé.
Y hay que ver la rabia del Minhacienda Echeverri cuando la Contralora General de la República, Sandra Morelli, pidió unos pesos de regalías para mejorar la auditoría, para que no se las roben ni al cobrarlas ni al gastarlas, y para que ese control lo haga el Estado y no los negociantes privados, que fracasaron en esa función contratados por Planeación Nacional (http://bit.ly/vMflC9).
