"Integrar las empresas de Bogotá no reduciría las tarifas": Aurelio Suárez

"Integrar las empresas de Bogotá no reduciría las tarifas": Aurelio Suárez

El Espectador, Bogotá, diciembre 17 de 2011

Frente al panorama de contradicciones y señalamientos en la idea de integrar las empresas de servicios públicos que plantea Gustavo Petro, el excandidato a la Alcaldía señala factores críticos y posibilidades en el tema.

Durante las últimas dos semanas, Gustavo Petro estuvo en el centro del debate por su idea de integrar las empresas de servicios públicos de Bogotá. En medio de esta discusión hubo opiniones de distintos sectores e incluso desde el propio Gobierno. Pese a la nube de pronunciamientos, muchos aspectos acerca del funcionamiento de las actuales empresas quedaron en un ambiente de incertidumbre. El Espectador buscó a Aurelio Suárez, uno de los ex candidatos a la Alcaldía que se destacó en la campaña por sus conocimientos técnicos sobre la ciudad y por ser un férreo intelectual de la izquierda democrática, para conocer sus opiniones sobre el tema.

¿Unir a las empresas de servicios públicos mediante un ‘holding’ reduciría las tarifas?

Una fusión alrededor de un monopolio natural con capital público es una solución mucho más aceptable para los usuarios. Pero tengo mis dudas frente a la reducción de las tarifas. Para lograrlo, las empresas deben ser eficientes en gestión, tecnología, acceso y cobertura.

¿Qué dificultades observa en esta integración?

Los estatutos de las empresas, las leyes que las rigen y las asambleas de accionistas son sólo algunas de las principales. Por esto las Empresas Públicas de Medellín no fusionaron las telecomunicaciones y UNE está dividida.

Respecto a la ETB, ¿Cuáles serán los obstáculos de la fusión?

Todo el mundo está contando con la ETB, pero ésta no es una empresa de servicios públicos porque la Ley TIC no contempla a las entidades dedicadas a las telecomunicaciones como prestadores de servicios públicos. Así ya no se podrían incluir en la propuesta de Petro.

En medio del debate se ha dicho que la Empresa de Acueducto es deficitaria. ¿Eso es cierto?

No. Una de las justificaciones para hacer la fusión de las empresas es que el Acueducto necesita dinero de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) y de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). Pero la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) lleva años generando miles de millones de pesos de utilidades.

¿El régimen laboral del Acueducto es el más costoso de Colombia?

Es una mentira que la nómina del Acueducto sea muy costosa. Los ingresos del Acueducto están alrededor de los $1,23 billones y la nómina, incluyendo la pensión, cuesta $113.000 millones. Es decir que no ocupa ni el 10% de los ingresos de la empresa.

¿Cuáles son los elementos que han fallado en el funcionamiento de la EAAB?

El contrato de la Planta de Tratamiento de Tibitoc con concesionarios privados como el grupo Fanalca, ha aumentado los costos de la empresa. En la vigencia de ese contrato le hemos pagado al operador 304 millones de metros cúbicos de agua que no nos hemos consumido, porque el documento estipula el pago una cantidad fija de agua así no la hayamos consumido. Además este volumen de agua se ha pagado al precio más alto. La concesión le vende el agua al Acueducto a una tarifa que ha subido un 60% por encima de la inflación de los últimos 11 años. Así que para rebajar tarifas habría que renegociar ese contrato. Eso es más efectivo que esta propuesta incierta de la fusión.

¿Quién fue el responsable de ese contrato?

Lo firmó Paul Bromberg en su segunda Alcaldía. Hoy, casualmente, él es asesor de Petro. Espero que no repita esta hazaña con otra planta de agua. Ese contrato continuó en la segunda Alcaldía de Mockus y fue renovado en la administración de Luis Eduardo Garzón. Además se entregó la operación de 5 zonas del Acueducto para la gestión comercial y el mantenimiento de redes a operadores privados. El grupo Fanalca, que tiene a su cargo la Planta de Tibitoc, también hace la gestión privada de 2 zonas del Acueducto. El pago a estos operadores corresponde a un porcentaje cada vez más alto en las utilidades. Ellos producen el agua, la comercializan y el Acueducto sólo los mira. Eso sí es algo muy grave.

En el caso de la energía en Bogotá, ¿Por qué es tan costoso este servicio en la capital?

Porque tenemos un pésimo estado de las redes de energía. Éstas son manejadas por Codensa, que pertenece a la multinacional Endesa, y no ha hecho renovaciones ni mantenimiento eficientes en las redes ni en los equipos. Nosotros trasmitimos la energía industrial a un voltaje de 11,4 KW, mientras que en el mundo a las industrias se les transmite a 34,5 KW. Mayor voltaje implica pérdidas menores, reducción en las facturas y mejor calidad. En Bogotá la factura promedio residencial subió 48% entre 2004 y 2010 y la factura promedio industrial subió 75%.

¿Cuál es la opción más indicada para el manejo de los servicios públicos domiciliarios en la capital?

Por supuesto lo público ha resultado siempre más benéfico que lo privado en este sentido. Por ejemplo, París acaba de revertir la privatización del agua, Argentina también lo hizo, en Estados Unidos el líquido es gratis en muchas ciudades o tiene un costo figurativo. Lo importante es tener claro por dónde empezar esa desprivatización. El diablo está en los detalles por eso hay que aclararlos. Si algo combatió el marxismo fue el socialismo utópico. Cada cual tiene su forma de hacer las cosas. Yo trabajaría las fallas que he mencionado en cada una de esas empresas se servicios públicos.

MANE, PERSONAJE DEL AÑO

MANE, personaje 2011

Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, 20 de diciembre de 2011

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Muchos coincidirán con la designación de MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) como personaje de 2011, pero posiblemente por razones que pueden diferir. En noviembre algunos analistas elogiaron que, contrario a hace 40 años, no son “grupos juveniles de organizaciones políticas”, ni “múltiples grupúsculos y siglas”, “muy relacionados con las izquierdas”. “El actual no es el brazo de ningún partido”. Otros, plantearon que el desarrollo del movimiento mostró que “Santos tiene un talante democrático y es alguien abierto a retroceder o modificar”, o que “donde dejen meter a los políticos perderán el apoyo de la opinión”.

No creo que lo anterior sea lo relevante. Se emitieron también juicios con cierto aire de ecuanimidad como: “los jóvenes lograron una victoria, pero, igualmente, Juan Manuel Santos, al retirar el proyecto”; o que fue un típico con “cara gano yo y con sello pierde usted”. Pero en realidad lo democrático era no haber presentado el proyecto, que a todas luces es profundamente reaccionario y depositaba en manos de negociantes, preferencialmente extranjeros, el proyecto de construcción y creación de conocimiento nacional, estratégico para un país. Derrotar tan nefasto propósito fue el gran triunfo del movimiento.

En segundo término, se debe destacar el papel de liderazgo de los estamentos de las principales universidades públicas, empezando por la Nacional, pero sin omitir los aportes de las privadas, laicas y de inspiración religiosa. ¿Cómo no reconocer, verbigracia, los aportes de Francisco Piedrahíta, de ICESI? MANE cohesionó un movimiento masivo, nacionalista y civil, que trascendió el ámbito educativo, y, aunque a algunos les suene feo, anti-colonialista. Contendió contra que, en el marco del libre comercio, la educación superior se torne en nicho de lucro de grupos internacionales de capital privado. No se olvide que objetivo necesarísimo en épocas de crisis donde los inversores buscan a toda costa colocaciones para sus excedentes. ¡A qué “locomotora” le pusieron el ojo!

Finalmente, se destaca el reagrupamiento del estudiantado colombiano en tres direcciones: organización, educación y propaganda. Es necesario que se unifique como interlocutor social válido y representativo, pero, también, es trascendental que se haya planteado el debate sobre la financiación, la democracia, la autonomía, los contenidos curriculares y el papel de la universidad en la sociedad y, algo que aparece subyacente: la discusión acerca de la real situación de Colombia, del país que tenemos. Al revés de lo que piensan asépticos estudiosos, los políticos juegan en esto y desatinadas opiniones al respecto impiden, en el fondo, que se cristalice entre todos la aspiración primera de los jóvenes de esta generación: un país soberano y democrático.

Así como las castas dinásticas promueven a sus delfines, en la MANE puede estar el relevo de la otra Colombia, silenciosa, lejana y proverbial actriz de reparto, que comenzó a ponerse en pié.

EL PAÍS DE LA COMPETITIVIDAD Y LA PROSPERIDAD

El país de la competitividad y la prosperidad

Francisco Torres, Bogotá, diciembre 20 de 2011.

Con el agua al cuello, sin suministro de gas, sin carreteras, sin empleo, entre otras carencias, avanza rauda, según la propaganda santista, la nación colombiana por la vía de la competitividad, pavimentada por diversos Tratados de Libre Comercio. Da risa y rabia la desfachatez de aquellos que venden neologismos para evitar que la realidad pueda sacar la cabeza de las ciénagas inundadas y de los derrumbes arrasadores.

Maldice Santos al fenómeno natural que nos trae las lluvias. Recuerda a otro gobernante, el Gran Rey, que mandó azotar al mar cuando no dejó pasar su ejército. Pero si la soberbia del persa era entendible en la ignorancia de hace veinticinco siglos, resulta ridícula la del presidente colombiano que pretende engañar a toda una nación injuriando a la Niña cuando debía aceptar que gobierna contra el desarrollo de su país y el bienestar de sus gobernados.

Y su principal lugarteniente, el enfático Vargas Lleras, Ministro del Interior, en la vieja costumbre oligárquica de transferir las responsabilidades, confiesa lo que todos sabíamos por las reiteras quejas de los damnificados: que el monstruo privatizador llamado Colombia Humanitaria, engendrado por este gobierno dizque para acelerar las obras, no ha ejecutado sino el 30% de los dineros que el Estado le ha dado. De tal manera que el jupiterino ministro tiene que reconocer que: “las obras se quedaron inconclusas y hoy no tenemos explicaciones que dar”. Y tan fresco como el lechuguino de su jefe.

En consecuencia, de competitividad, nada de nada: sin carreteras, sin ferrocarriles –los acabaron los gobiernos neoliberales-, sin investigación –no hay plata para eso-, sin educación pública gratuita y científica -¿para qué?, expresa la almibarada ministra de educación-, sin puertos y aeropuertos y, lo más decisivo, sin nada con que competir, porque el gobierno de Santos y el de Uribe y el de Pastrana, Samper y Gaviria y Barco se dedicaron y se dedican a acabar con la industria y agriculturas nacionales en tanto negocian con las limosnas que adjudican a los sectores devastados y para la muestra el botón de Agro Ingreso Seguro.

Con lo cual queda al desnudo lo que significa la palabreja: la competitividad es para las multinacionales. Y agreguemos, en consecuencia: la prosperidad, para los capitales foráneos; la seguridad jurídica, para los que depredan los recursos naturales.

Le queda al Gobierno el bálsamo de que la gran minería transnacional anda a galope desatado –ya se sabe que hablar de locomotoras en Colombia es un chiste hiriente- arrasando tierras, descuajando selvas, desertificando páramos, contaminando ríos y lagunas, oprimiendo y explotando hasta el extremo, ¡ah! y riéndose de las pobres leyes de este gran país humillado a ciencia y paciencia de sus gobernantes.

Para que las pobrecitas empresas ganen más mete de contrabando en la ley la reducción de las regalías que deberían pagar sobre los recursos que se llevan, pero que no lo hacen ante la alcahueta e indiferente “vigilancia” de estos lagartos criollos que ante sus amos extranjeros apenas alcanzan a menear sus colitas de mascotas amaestradas. De todos modos ya se sabe: las grandes empresas casi no pagan impuestos.

Como complemento de esa afamada competitividad está la “prosperidad para todos”, como dice la propaganda de Santos y de su Unidad Nacional. Y al que no le guste –la propaganda, naturalmente, porque la prosperidad sólo la ven los poderosos- ahí está la ley de seguridad para meter varios años en la cárcel al que se atreva a salir a una calle o carretera a protestar, no importa que lleve un año viendo su casa desmoronarse bajo el agua, no importa que no tenga trabajo, no importa que lo hayan reducido a habitar en cambuches en los campos petroleros. Y ahí está la reforma de la justicia para resucitar en todo su antiguo e inicuo esplendor la justicia penal militar para que los atropellos y desafueros de los miembros de las fuerzas militares queden cobijados por el manto protector de la complicidad. Bueno, prosperidad para congresistas y altos funcionarios del Estado que ya no van a tener –y temer- el juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia.

Pero, nos dirán, crece nuestra economía en el 5,8%. A pesar de lo que digan ustedes, los resentidos, se mueve la economía. Sí, la economía se mueve al compás de las gigantescas ganancias de las multinacionales y de los bancos. Nuestras, mal resabio este de decir “nuestras”, exportaciones crecen, pero son las exportaciones de ellos. No es sino mirar las salidas de carbón y petróleo y preguntarse quiénes son los dueños de los embarques. No es sino mirar las enormes remesas a sus casas matrices. No es sino mirar el pago de los leoninos intereses.

Pero también prospera en los pueblos la idea y la práctica de luchar contra la política neoliberal del imperialismo y se compite con ardor por sobresalir en la defensa de la soberanía nacional. A tanto mal tanto remedio.

¿REPÚBLICA DE COLOMBIA O PRINCIPADO DE ANAPOIMA?

de Jorge Enrique Robledo Castillo, el Viernes, 9 de diciembre de 2011.

Príncipe de Anapoima   Por. Jorge Enrique Robledo

Significa un sonoro campanazo de alerta que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado hayan decidido no participar más en el trámite de la reforma a la Justicia que a punta de fuerza y sin buenas razones impone el gobierno. En palabras de la Corte, el proyecto “no resuelve el problema ciudadano que reclama justicia”, “atenta contra la estructura del Estado democrático (...), al concentrar el Poder Público en las ramas Ejecutiva y Legislativa”, “resquebraja la independencia y autonomía judicial”, “desconoce que la función jurisdiccional debe estar (…) en cabeza de los jueces”, introduce de manera “repentina y sorpresiva” el fuero militar y “sustrae del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia la investigación y juzgamiento” de los congresistas y de los otros altos dignatarios del Estado, todo lo cual contradice la separación de los poderes (http://bit.ly/ueTC7x ).

Si bien la reforma no atiende las necesidades del país, sí concentra más el poder en el Presidente de la República, concentración que se agrava porque en Colombia la separación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo constituye una ficción, dado que la norma es que el látigo burocrático del jefe del Estado someta a senadores y representantes, al igual que a gobernadores y alcaldes y diputados y concejales. “En Colombia manda –decía un veterano congresista– el partido del presupuesto”, verdad que Uribe no puede olvidar porque no se lo permite Santos, quien para estos efectos también superó a su mentor.

Si a algo se ha dedicado Santos es a fortalecer aún más su poder, como bien lo prueban sus leyes de regalías y televisión y sus tentativas contra la autonomía de las corporaciones regionales. Tampoco es casual que haya creado el Departamento para la Prosperidad Social –qué tal el nombrecito–, que unió bajo el control de la Presidencia el formidable poder clientelista que manejan Acción Social y el Instituto de Bienestar Familiar. Solo le resta someter de una vez por todas a la Justicia, labor en la que dio el retardatario paso de la ley de la sostenibilidad fiscal.

La reforma a la Justicia elimina por completo el papel que hoy tienen las altas Cortes en la elección del Procurador, el Registrador y el Contralor, por cuanto en los dos primeros casos la terna será elaborada por el Jefe del Estado y elegirá el Congreso en pleno y, en el tercero, ternará el Senado y escogerá la Cámara. Y viene de antes que el Presidente arme la terna de la que sale el Fiscal General de la Nación.

El gobierno, además, con el ministro de Justicia en la Sala de Gobierno del Consejo de la Judicatura, se entrometerá en los asuntos de la Rama, tales como definir sobre la existencia de juzgados y tribunales, la actuación de jueces y magistrados, la administración de la carrera judicial y la aprobación del presupuesto del poder judicial. También se le otorga a la Sala Disciplinaria del mismo Consejo, elegida por el Congreso de terna del Jefe del Estado, el derecho a juzgar la actuación de los jueces, que así quedan bajo la férula del Ejecutivo.

Con un criterio que no puede aceptar ni un estudiante de primer año de derecho, la reforma les entrega a autoridades de rango inferior la potestad de enjuiciar a los congresistas. También impulsa la “privatización y administrativización de la Justicia”, dice la Corte, cuando les entrega a notarios y abogados la función de impartir justicia, que debe ser reservada para los jueces de la República, con experiencia para ejercer esa compleja labor. Y eleva a rango constitucional el cobro del arancel judicial, paso formal en contra de la justicia como derecho ciudadano.

También debilita el poder judicial y fortalece a Santos el artículo que establece que, “en todo caso”, no serán de la órbita de la justicia ordinaria, sino de la militar y policial, “las operaciones y procedimientos” en los que miembros de la fuerza pública violen la ley. ¿Qué razón aceptable –no para Santos ni para su gran elector, por supuesto– justifica darles un trato jurídico especial a hechos como los llamados ‘falsos positivos’?

Coletilla: sin explicaciones satisfactorias ni de Telefónica y ni del gobierno, se aprobó capitalizar a Coltel con 3.5 billones de pesos de recursos públicos, para que esa trasnacional haga lo que se comprometió a hacer hace cinco años, cuando se le entregó barato el patrimonio de Telecom. ¿Por qué el gerente de Telecom saltó a Telefónica-Colombia y un ejecutivo internacional de Telefónica pasó a ser ministro de Comunicaciones?

Proyecto que reglamenta distribución de regalías confirmó mis peores advertencias, afirma Robledo

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, noviembre 29 de 2011

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Un proyecto centralizador que convierte a municipios y departamentos en convidados de piedra. Todo está reglamentado para que el gobierno pueda hacer lo que le dé la gana. Se disfrazan como regionales los proyectos que hoy son de responsabilidad de la nación.

Ponencia negativa al proyecto de ley que reglamenta la distribución de las regalías presentó hoy el senador Jorge Enrique Robledo en la sesión de Comisiones Quintas conjuntas (ver video: http://t.co/51pwLNtv), pues el texto redactado por el gobierno “confirmó mis peores advertencias” y puso en evidencia que se va a despojar de sus derechos a los municipios de hoy y de mañana.

El grado de dictadura del gobierno nacional sobre municipios y departamentos es inaudito, añadió. Aunque se crean cuerpos colegiados para dar impresión de democracia, todo el poder lo concentra en Planeación Nacional y en ministros y el texto está calculado para que solo pueda hacerse lo que el gobierno quiera y para que todo, desde la fiscalización hasta la ejecución, pueda privatizarse. Municipios y departamentos quedaron convertidos en convidados de piedra.

Señaló que el gobierno nacional incurre en una práctica engañosa al presentar porcentajes y no simulaciones en dinero. “No es cierto, como dijo el ministro Echeverri, que la mermelada se reparta equitativamente por toda la tostada de la geografía nacional.”

Precisó que el 30% de los recursos irán a una especie de fondo de inversión, regido por el derecho privado, que utilizará las regalías para especular en los mercados financieros internacionales, plata que se podría terminar perdiendo.

“La ley tiene dos enormes micos –dijo–. Permite que se les rebaje a los crudos pesados el 40% del valor de las regalías y modifica el precio base para la liquidación”.

Exigió una auditoría pública y seria tanto para los que pagan regalías como también para los que se las gastan. A las trasnacionales no puede seguir creyéndoseles por buena fe, como lo ha denunciado la Contraloría.

Concluyó denunciando que es un proyecto “fuertemente centralizador a favor de macroproyectos para macrocontratistas” y en contra de los proyectos locales, de interés municipal o departamental, desechados por el gobierno como “chichigüeros”. Todo en Colombia se les va a entregar a los monopolios y a las trasnacionales en la lógica del libre comercio.

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Repudio el asesinato de los militares secuestrados por las Farc. 27 de noviembre de 2011. Senador Robledo: http://bit.ly/v8xDkp

A propósito del debate de los impuestos en el negocio de la minería y los hidrocarburos: http://bit.ly/sQkT30

Reglamentación resultó peor que la reforma constitucional a las regalías: http://bit.ly/w4XOHL