COMUNICADO DE PRENSA PDA SOBRE PLAN DESARROLLO DISTRITAL

Altos costos sociales, económicos y fiscales hacen del Plan de Desarrollo de Bogotá una “quimera”: Polo Democrático

Como una “quimera” calificaron la exalcaldesa Clara López Obregón y el excandidato a la Alcaldía de la capital, Aurelio Suárez Montoya el Plan de Desarrollo Bogotá Humana presentado a consideración del Concejo Distrital por el burgomaestre Gustavo Petro.

López Obregón y Suárez Montoya expusieron en detalle durante una rueda de prensa un concienzudo estudio en el que el Polo Democrático Alternativo hace una serie de glosas  al mencionado Plan de Desarrollo.

Serias observaciones en materia social, infraestructura y finanzas hicieron los dos dirigentes del Polo a la carta de navegación de la administración Petro para la capital de la república en los próximos cuatro años.

En lo social, explicaron, el Plan no avanza en programas para profundizar “el modelo de ciudad incluyente y de derechos que se venía consolidando”, como en el caso de la educación gratuita y de calidad, la salud para los excluidos y el acceso a los alimentos de los más vulnerables, “lo que a la postre podría causar graves retrocesos en materias claves para el desarrollo”.

En infraestructura, “se relegan proyectos estratégicos, como el Metro, y se remplazan por propuestas sin el debido fundamento técnico, sin metas claras, ni instrumentos de política consistentes que las puedan implementar debidamente.



Respecto a la sostenibilidad de las finanzas, López Obregón y Suárez Montoya llaman la atención por  la sobredimensión del valor gasto del Plan de Desarrollo “unido a la incertidumbre de sus fuentes de financiamiento, que incluyen un significativo aumento de los tributos, exagerado endeudamiento, transferencias de la Nación no confirmadas y aportes privados no detallados en su proveniencia ni objeto”. De no modificarse, advirtieron, “podría llevar a la ciudad a perder la sostenibilidad de sus finanzas públicas.



En efecto, en pesos constantes el Plan del gobierno de Petro vale $61,1 billones, un 26% más que el anterior de 2008-2012, cuyo valor fue de $38 billones pero, actualizado a pesos 2012, equivale a $45 billones. Desde una óptica financiera, resulta sobredimensionado para la sostenibilidad de las finanzas de la ciudad y la capacidad tributaria de sus habitantes. Está organizado en tres ejes, con 33 programas, que cubren 126 proyectos; por tratarse, en algunos casos, de iniciativas ocurridas a la sazón, sólo 33 de las 75 metas de impacto identificadas tienen líneas de base de partida, lo que significa que menos del 50% del plan será evaluable en términos de impactos cuando culmine el cuatrienio.

No se construye sobre lo construido

También señalan los dirigentes del Polo Democrático que otro de los lunares del Plan es que “se desecha mucho de lo construido antes del primero de enero de 2012. Descartando planes en curso como el Maestro de Movilidad, programas sectoriales o políticas poblacionales o estudios calificados como el Plan Decenal de Descontaminación del Aire y el Plan Decenal de Aguas; el Plan de Desarrollo se empeña en hacerlo todo de nuevo y al tiempo, sin que puedan evidenciarse ni los conceptos ni los métodos para lograrlo. Esto explica en buena medida su alto costo y sobredimensionamiento que no permite establecer con claridad cuales son las verdaderas prioridades, pues desde ahora se puede apreciar con claridad que no hay recursos para todo lo planteado”.

Se prioriza el Tranvía y se relega el Metro

En materia de movilidad, el gobierno del alcalde Petro da prioridad a dos tranvías, en 44 kilómetros, “que es un modo complementario en un esquema intermodal, sin que estén soportados todavía en ningún estudio, y se deja en segundo plano al Metro del cual a lo sumo se proyecta construir sólo 5 kilómetros, lo que permite colocarlo en el plan sin tener la intención de construirlo, pues dicha extensión no tiene factibilidad dentro del proyecto que ya se encuentra viabilizado y al que le resta tan sólo una firma para su implementación inmediata”.

Al reivindicar los esfuerzos hechos por el gobierno del Polo Democrático en beneficio de la ejecución del Metro para la capital colombiana, López Obregón y Suárez Montoya explicaron pormenorizadamente la imperiosa necesidad de concretar esta megaobra.

“Todas las experiencias mundiales, para ciudades como Bogotá, con demanda creciente, resaltan el Metro como el medio urbano de transporte masivo de más alta velocidad, sin intersecciones, que logra desplazar a diario el mayor número de pasajeros, en particular en las horas pico,  al  menor costo marginal. América Latina, en muchas de sus ciudades, da ejemplo: “Un sitio de prodigios” o “el puente urbano sin el cual la ciudad se ahoga”, así calificó Carlos Monsiváis, el cronista mexicano al del DF, y “la biblioteca más grande de París”, denominó Michèle Petit al de la capital francesa. Quito, una ciudad de una cuarta parte del tamaño de Bogotá, inicia este año la construcción de su Metro, mientras que Bogotá, junto con Dacca (Bangladesh) y Lagos (Nigeria), comparte el dudoso honor de ser las únicas ciudades del mundo con poblaciones de entre 6 y 8 millones de habitantes que no han podido implementar  esa solución de transporte verdaderamente masivo”.

Por ello, subrayaron, “no es coherente, ni contribuye a la disminución de la segregación social, desviar los recursos del Metro para el Tranvía, en especial el que se propone por la carrera séptima hacia el norte, que resultará más costoso que el sistema de buses proyectado y movilizará el mismo número de pasajeros. Relegar la primera línea del Metro -única solución estructural al corredor vial con más alta demanda de viajes- por un Tranvía, no es aconsejable, como tampoco justificar esa decisión en el mayor tiempo de construcción que demanda el Metro, como eje de la movilidad. Adicionalmente, debe evaluarse el impacto sobre el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), cuya infraestructura está próxima a terminarse y tendría que ser nuevamente intervenida y los contratos de operación suscritos, renegociados”.

Riesgo de insostenibilidad financiera

En lo relacionado con la proyección financiera del Distrito, el análisis del Polo Democrático señala que con base en la evolución del presupuesto anual de ingresos y gastos, 2012-2016, el Distrito cuenta con $5,7 billones para inversión adicional en los próximos cuatro años. Esto exige conseguir $19 billones adicionales para suplir los $24 billones que, en pesos de 2012, son adicionales a la recurrencia en el Plan Bogotá Humana.

De aprobarse el cupo de endeudamiento solicitado, subrayan López Obregón y Suárez Montoya, “las finanzas del Distrito se tornarían insostenibles, con lo que la ciudad perdería su calificación AAA y su grado de inversión. Para abrirle paso a este elevado endeudamiento se propone el incremento y la implantación de todos los tributos y contribuciones, lo que significaría imponer para los próximos cuatro años una carga adicional total a los bogotanos por $4,5 billones a pesos de 2012, sin que con ello alcance para garantizar la sostenibilidad fiscal del Distrito. En efecto, las nuevas inversiones conllevan nuevo gasto recurrente que debe, al lado del servicio de la deuda, ser cubierto con los ingresos corrientes, que no crecen al alto ritmo del gasto que se propone”.

“Las nuevas cargas impositivas representan un promedio por cada habitante, para una población total de 7,5 millones de personas, de $600 mil o de cerca de $2 millones por hogar. Equivalen a cerca del triple del ingreso mensual por persona, de $245 mil, del grupo de menores ingresos y a un 60% del ingreso promedio al mes de cada bogotano”. Esto es, el Plan de Desarrollo “propone entregarle a la administración de Petro el equivalente a 18 días de ingreso adicional por habitante en el próximo cuatrienio para nuevas inversiones cuyo gasto se vuelve recurrente”.

Por ello, los dirigentes del Polo sostienen que es necesario un ejercicio que indague si el tope límite que acepta la población en cuanto a la carga impositiva, haría factible el recaudo proyectado, más aún cuando hay antecedentes de caída en la recolección de la primera fase de la valorización por ese motivo.

Entre las diversas recomendaciones que hace el análisis del Polo Democrático se plantea la necesidad de redimensionar el Plan de Desarrollo de la administración del alcalde Petro antes de su aprobación en el Concejo para que se ajuste a las disponibilidades financieras de la ciudad y priorizar, con las limitaciones de recursos, los programas y proyectos realizables, atendiendo las restricciones del marco fiscal de mediano plazo. “En caso contrario, el redimensionamiento quedará para la discusión de los presupuestos anuales en detrimento del conocimiento ciudadano de los derroteros y metas de ciudad para el cuatrienio”.

Bogotá, mayo 23 de 2012.

“Gobierno Nacional está jugado del lado del Cartel de las EPS”

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bgotá, 22 de mayo de 2012

Luego de dos años del gobierno Santos, no se toman determinaciones para arreglar problemas de la salud. Altos funcionarios del gobierno y el Fiscal General han tenido vínculos con las EPS. Llegó la hora de cambiar el modelo de salud.

“El sistema de salud colombiano navega en un mar de pus”, así resumió el senador Jorge Enrique Robledo los problemas de corrupción y estructurales del sistema de salud. Explicó cómo las EPS montaron un cartel (así lo llamó la Superintendencia se Industria) para inflar los costos, cobrar dos veces los servicios, negar derechos y presionar el alza de la UPC (prima que les gira el gobierno).

“El verdadero Ministerio de la Salud es el Cartel de las EPS”, concluyó el senador del Polo. La crisis es de tal nivel, agregó, que la Corte Constitucional llama a reflexionar seriamente sobre sí las entidades privadas deben intermediar los recursos de la salud.

El senador del Polo mostró que en el debate sobre la Ley 100, además de argumentos ideológicos, hay personas que defienden el modelo porque se han beneficiado y muchas de esas personas son altos funcionarios del gobierno Santos. El exministro Santamaría ha escrito libros defendiendo a las EPS y es un acérrimo defensor de la integración vertical, uno de los grandes negocios de las EPS. La doctora Beatriz Londoño, actual ministra de Salud, siempre ha estado en favor del papel de las EPS. Tanto que Acemi, el gremio de las aseguradoras, celebró su nombramiento porque les brinda tranquilidad. Conrado Gómez, superintendente de Salud, fue accionista de una EPS, es hermano del jefe de Afidro (gremio de las farmacéuticas multinacionales) y defendió que Saludcoop se quedará con 600 mil millones de pesos de las salud, argumento rebatido por la Contraloría General de la República.

Juan Carlos Echeverry, ministro de Hacienda, ha sido contratista de Saludcoop y de Afidro. La esposa del ministro de Comercio Sergio Diaz-Granados, también ha estado al servicio de Saludcoop. El hermano del ministro Germán Vargas Lleras ha sido integrante de juntas directivas de empresas del Grupo Saludcoop y fue su apoderado.

El senador Robledo también mencionó el caso de Eduardo Montealegre, Fiscal General nominado por el presidente Santos. Entre 2005 y 2011, por contratos con Saludcoop, recibió pagos por 4.923 millones de pesos.

“El Gobierno Nacional está jugado del lado del Cartel de las EPS”, concluyó Robledo. Y agregó que llegó la hora de construir otro modelo de salud, donde operen clínicas y hospitales públicos y privados, se presten buenos servicios, exista una política de prevención de la enfermedad y se respeten los derechos de todos los trabajadores y la salud sea un derecho de todos, en el que no haya aseguramiento ni EPS, que actúan como intermediarias financieras que se apoderan de los recursos de la salud que tanto necesitan los colombianos.

Para ver la intervención del senador Robledo, utilice el siguiente link: http://bit.ly/JbRR0y

El trabajo: otra ventaja más de Estados Unidos en el TLC

Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, mayo 7 de 2012

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Hace algunos días, en un debate sobre TLC en la Universidad de los Andes, un profesor de economía defendía el comercio como variable principal en el desarrollo de los países. Le atribuía dones mágicos para reducir pobreza, desempleo y desigualdad e incrementar el PIB. Abrazaba, dos siglos después, el teorema de la ventaja comparativa de David Ricardo por el cual, al perseguir cada país su provecho, se conquista el bienestar universal.

Pasaba sobre las realidades del comercio actual, un comercio administrado, lejos de ser libre. Omitía el papel que juegan los subsidios estatales de las potencias a sus industrias y agriculturas para exportar mercancías a precios por debajo del costo de producirlas; tampoco reparaba en las barreras no arancelarias, como normas sanitarias, cuotas y trabas aduaneras diversas; ni mencionaba la tasa de cambio, arma clave en las guerras comerciales, tal como Estados Unidos la utiliza actualmente, obviando que dichos instrumentos están al orden del día cuando la crisis global llama al proteccionismo.

Sin embargo, resultó inadmisible que olvidara el arma comercial básica del siglo XXI: el factor trabajo. La globalización neoliberal se fundamentó en la competencia entre los mercados laborales del mundo y, aunque existe opinión generalizada de que su abaratamiento sólo es propio de países pobres, lo determinante para competir es la relación entre el salario y la productividad de la fuerza ocupada en cada país.

Cuando se mira la evolución de estos términos en Estados Unidos y Corea del Sur, nuestros próximos “socios comerciales”, las cifras son amenazantes. De 19 países analizados, entre 2002 y 2010, Estados Unidos rebajó su índice de costo laboral de 100 puntos a 89,2 mientras la productividad la aumentó de 100 a 149. En cuanto a Corea, el costo, en el mismo lapso, subió de 100 a 117 y la productividad pasó de 100 a 170. Cuando se comparan, son, junto con República Checa y Taiwán, los de mayor eficiencia del trabajo.

En el caso norteamericano, el “infierno laboral” vigente dista del “sueño americano” de otrora. En el periodo estudiado, pasó de tener 8,3 millones de desempleados a 14,8 millones y de los 139 millones de empleos actuales, 26 son de tiempo parcial. Han ratificado apenas 2 de los 7 convenios principales de la OIT, no se compromete con el derecho a la organización sindical, ni con el de negociación colectiva, ni con el de la no discriminación salarial por género en el empleo, entre otros. No hay margen para creer que en ese marco en Colombia brotarán por encanto 500 mil empleos con el TLC. ¡Quién creyera, Estados Unidos también tiene ventaja absoluta en el factor trabajo!

Lo mínimo que debe saberse sobre las viviendas “gratis”

Jorge Enrique Robledo, Senador, abril 29 de 2012

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Habrá condiciones que no se han mencionado

Entre las muchas cosas que pueden decirse sobre el proyecto de ley de vivienda presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos, además del conocido populismo reeleccionista que encarna, caben las siguientes:

La “gratuidad” consiste en que no tendrá que pagarse cuota inicial para acceder a una de esas viviendas, pero sí tendrán que cumplirse condiciones posteriores a su adjudicación por parte del Estado, so pena de no recibir las escrituras de la vivienda y hasta otras sanciones, dependiendo de reglamentaciones que no se conocen. En la exposición de motivos se explica qué quiere decir viviendas “gratis”, de acuerdo con las ideas del gobierno de Juan Manuel Santos y de lo que ocurre en Brasil, de donde se dice se trajo la idea:

“Brasil se ha convertido en un referente para el diseño de políticas de vivienda focalizadas en la población más pobre. El nuevo modelo de política de vivienda brasilero (Programa Mi Casa Mi Vida 1 y 2) propone una aproximación distinta al problema habitacional:

i.              Se requiere una segmentación mucho más fina de la demanda y la aplicación de instrumentos de acceso específicos para cada segmento. Para el segmento conformado por los hogares con ingresos mensuales menores a 3SM se ofrece la entrega de viviendas sin cuota inicial (subsidio pleno a la demanda), pero sin transferencia de la propiedad (la propiedad queda en un mecanismo de enajenación fiduciaria) y el hogar beneficiario asume el compromiso de destinar el 10% de su ingreso mensual durante diez años para la devolución de una parte del subsidio. La transferencia de la propiedad sólo se produce al término de este plazo. Los beneficiarios pueden ser desalojados si no atienden sus compromisos de pago”.

Lo anterior en Colombia se traduciría así, también según la exposición de motivos:

“Una vez construidas las viviendas, existirían los siguientes beneficios:

1.   Las viviendas resultantes de los proyectos serían asignadas a título de subsidio en especie a los beneficiarios. Es decir, los beneficiarios recibirían una vivienda habitable, a título de subsidio, sin perjuicio de que, de acuerdo con las condiciones de los hogares beneficiarios, el Gobierno establezca pagos parciales adicionales a cargo del beneficiario, o de que se exija el cumplimiento de requisitos contemplados en los programas sociales del Estado. A manera de ejemplo, los requisitos que contempla el Programa de Red Unidos para la superación de la pobreza extrema.

Es decir, dependiendo de las condiciones de los beneficiarios, el proyecto también da la posibilidad de que las viviendas no se asignen en forma definitiva ni en su totalidad a los mismos, sino que plantea la posibilidad que de que asignen temporalmente y la transferencia de su titularidad se condicione al pago parcial de la vivienda o a la ejecución de contratos de leasing habitacional o arrendamientos con opción de compra. Lo anterior permitirá que los beneficiarios que tengan ciertas capacidades de pago o que sean sujetos de crédito accedan a la vivienda en la medida en que asuman la responsabilidad de su pago parcial”.

De otra parte, la Presidenta de Camacol explicó que la ley tiene origen en una propuesta de esa organización (El Tiempo, Sección vivienda, Abr.28.12).

La ley afecta toda la política de vivienda y no solo la de soluciones “gratuitas”.

Apunta a quitarles el riesgo de participar en el negocio de producir viviendas populares a los constructores y, especialmente, a los banqueros, pasándoselo por completo al Estado, en una política que no toca las causas estructurales del problema. Estos planes se enmarcan en la estrategia de los “Macroproyectos de Interés Social Nacional” (resaltado en este texto), se desarrollarán mediante las figuras de los patrimonios autónomos y las fiducias mercantiles, en asocio del Estado con los particulares y se regirán por el derecho privado.

Pretende ocultar el fracaso de la política de vivienda subsidiada del Plan Nacional de Desarrollo. Porque a diciembre pasado habían entregado apenas 17.302 subsidios, cuando debían llevar 186.804, para poder cumplir con la meta de 526 mil del cuatrienio. Seguramente el gobierno abandonará la meta de los 526 mil subsidios, pues debe ocurrir que la financiación de las famosas cien mil viviendas “gratis” se haga a costa de reducir el total de las subsidiadas. “Con la nueva modalidad –dice Eduardo Sarmiento– aumenta el monto del subsidio a cambio de reducir el número de beneficiarios potenciales” (Ver anexo).

Cien mil viviendas “gratis”, aun si se realizaran, cosa que está por verse porque hay severas limitaciones de suelo urbano, entre otras cosas, tendrán limitado impacto frente a las necesidades de las muchas familias que no pueden acceder a viviendas que exijan crédito bancario, así puedan aportar cuota inicial y reciban subsidio del Estado. Según la exposición de motivos del proyecto de ley, el 36 por ciento de los 12.3 millones de hogares del país no puede conseguir un crédito, porque la banca no les presta a esos colombianos.

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COLETILLA SOBRE LA REFORMA TRIBUTARIA:

Lo que exactamente dijo Santos sobre la reforma tributaria (página de la Presidencia de la República):

“Los que deberían pagar impuestos y no los están pagando, esos van a protestar. Los que deben pagar impuestos y sí están pagando, esos van a salir beneficiados porque vamos a bajar las tasas. O sea, el que está pagando sus impuestos como Dios manda, así sea muy rico, se va a ver beneficiado”.

El programa de vivienda gratis

Eduardo Sarmiento, El Espectador.com, Abr.29.12

El Gobierno anunció que entregará 100 mil viviendas sin compensación a los sectores más pobres de la población.

La decisión es interesante, pero está llena de interrogantes. Típica idea económica deformada por fines políticos.

La discusión ha girado sobre la disponibilidad de tierras y la financiación, las cuales no constituyen mayor obstáculo para construir las 100 mil viviendas, porque representan una pequeña fracción del déficit habitacional y de las metas oficiales. El problema está en el reducido tamaño del programa.

Desde tiempo atrás he sostenido que los subsidios de vivienda fueron mal concebidos por la tendencia centralista. La subvención se entrega en efectivo al beneficiario, condicionada a que el resto se cubra con un crédito. Así, la escogencia de los beneficiarios queda por cuenta del sector financiero. Por su parte, los bancos ven a los usuarios de interés social como sujetos de alto riesgo y, en general, buscan toda clase de procedimientos para eludir la obligación. Por eso, las ambiciosas metas de vivienda de todos los gobiernos se han incumplido garrafalmente.

En lugar de reformar en su conjunto el sistema fallido, el Gobierno intenta corregir la deficiencia estructural del sistema para un grupo reducido, asumiendo la totalidad de la financiación y pasando la selección de los beneficiarios a los alcaldes. En el fondo, está rectificando el programa de vivienda contemplado en el plan de desarrollo. Allí se estableció una meta de 560.000 viviendas de interés social para los cuatro años, es decir, 140 mil por año, y la ejecución no es ni 30%. La diferencia es que ahora, con la nueva modalidad, aumenta el monto del subsidio a cambio de reducir el número de beneficiarios potenciales.

En las declaraciones oficiales se habla de un programa de $3,7 billones, que aparentemente es una suma grande, pero que no dice nada si no se relaciona con el tiempo. De acuerdo con el ministro de Hacienda, las viviendas serían construidas por firmas que recibirían el pago cuando se entregue el producto terminado y con un plazo de cuatro años.

En todo esto no falta el protagonismo. El programa se infla con cifras y anuncios efectistas, que no tienen representación en la realidad. No se trata de un gasto de $3,7 billones que se repite cada año, sino de un gasto anual de $600 mil millones durante seis años. La erogación presupuestal anual es sólo de 0,1% del PIB, y se financiará con el incumplimiento de la meta de subsidios de viviendas de interés social.

Lo más grave es que no existe un marco institucional que garantice la asignación de las viviendas con criterios técnicos. Los beneficiarios serían escogidos por los alcaldes dentro de un marco complejo; los individuos que cumplen con los requisitos para acceder al privilegio son mucho mayores que la oferta. De hecho, se configura una renta que puede apropiarse con propósitos políticos.

La idea enfrenta serias dificultades de aplicación. Su sostenibilidad y transparencia sólo se lograrían dentro de un marco general que garantice la entrega de la vivienda a todas las personas que cumplan los requisitos, es decir, a los más pobres. En tal sentido, el volumen de viviendas tendría que ser mucho mayor, el período de aplicación de varios años y la erogación presupuestal anual de más del 1% del PIB. Adicionalmente requeriría de una severa fiscalización y rendición de cuentas para evitar la corrupción y el clientelismo.

En fin, el programa de vivienda gratis adolece de los mismos problemas de dimensionamiento de las leyes de tierras y el primer empleo. Las iniciativas sociales del Gobierno se presentan dentro de grandes despliegues y titulares, pero sin comprometer los recursos y las instituciones que aseguren el cumplimiento.

Los mineros colombianos informales no son criminales

Carta abierta del senador Jorge Enrique Robledo al presidente Juan Manuel Santos, 10 de abril de 2012

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La política oficial consiste en darle todo tipo de garantías a la gran minería trasnacional, a pesar de que ella tiene entre sus aspectos negativos enormes daños ambientales, amplio maltrato laboral y escasos pagos de regalías e impuestos. Estos inversionistas extranjeros, además, monopolizan un porcentaje altísimo de los títulos mineros.

Hay otros dos tipos de mineros que no pertenecen al poderoso club de las trasnacionales: los pequeños y medianos empresarios que producen con obreros y máquinas-herramientas y los artesanales que lo hacen apenas con herramientas y que suelen trabajar solos o en algún tipo de asociación con los empresarios. Lo corriente es que los unos y los otros carezcan de títulos mineros, no porque se rehúsen a tramitarlos, sino porque un sistema inicuo, diseñado contra ellos y corrupto hasta la médula, no reconoce las tradiciones mineras y les impide formalizarse. Aunque no hay estadística que diga exactamente cuántos son todos estos productores, suman multitudes porque la minería se convirtió en la única válvula de escape de las muchas ruinas del país, empezando por la agraria, víctima del libre comercio. ¡Y vienen los TLC! Una crisis social muy profunda –inmanejable, incluso– se abatirá sobre amplias regiones de Colombia si estas minerías desaparecen, porque se perderían los empleos que generan y en ellas se apoyan las restantes actividades económicas. “Sin minería no hay economía”, sintetizó el cura párroco de Caucasia, Antioquia.

Estos mineros colombianos, Señor Presidente, no son criminales sino informales, que es muy distinto, como puede comprobarlo quien desee, cosa que no debe extrañar en un país donde cunde la informalidad en todas las áreas económicas. Es tan extendido este fenómeno, que su gobierno hizo aprobar una ley de formalización empresarial, política que llamativamente no aplica a los mineros.

Los pequeños y medianos mineros, artesanales y empresariales, por otra parte, son gentes respetables que ejercen su actividad en medio del abandono oficial en cuanto a legalización, créditos apropiados, asistencia técnica, seguridad social y educación ambiental, falta de respaldo que junto con el monopolio de los títulos por parte de las trasnacionales está en la base de no poder desarrollar de la mejor manera sus actividades, a pesar de que ese es su deseo y se esfuerzan por lograrlo, como con toda formalidad se lo han planteado al ministro de Minas. Para completar, es común que estos compatriotas sufran por extorsiones de diferentes orígenes, incluidas las de funcionarios oficiales, en razón de la incapacidad del Estado para protegerlos en sus vidas y en sus bienes. Se cae de su peso que la presencia de organizaciones ilegales en la minería no puede llevar a declarar como criminal a cada minero. ¿Hay en Colombia alguna actividad económica en la que no actúen personas al margen de la ley?

Ante estas realidades, le expreso mi total desacuerdo con la campaña oficial de presentar a los pequeños y medianos mineros como criminales que deben ser perseguidos igual que los narcotraficantes, como con escandalosa irresponsabilidad repite cada vez que puede el ministro de Minas, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría. Que el ministro tenga su predilección por una minería no lo autoriza a estigmatizar a las otras y menos a violentar los criterios jurídicos democráticos del respeto a la honra y la presunción de inocencia de los ciudadanos, el debido proceso y el deber que tiene el Estado de individualizar los cargos cuando se presenta un delito. ¿Podría el gobierno tratar como lavadores de dinero a los banqueros porque por el sistema financiero circulan las platas del narcotráfico o de contrabandistas a los comerciantes porque el contrabando es una actividad comercial?

Dado el ambiente de macartismo y agresiva persecución oficial en contra de los pequeños y medianos mineros, no me sorprende un hecho que considero de la mayor gravedad: existe en la Fiscalía de Cartagena la acusación de un minero del oro contra miembros de la policía que llegaron en helicóptero y sin orden judicial, y con explosivos le destruyeron su maquinaria, en brutal y flagrante violación de la ley (http://bit.ly/Hy7xOr). Porque este acto atroz podría ser la traducción en las zonas apartadas de Colombia de las agresiones verbales que salen de la cúspide del Estado. También está el caso de una mina en Taraira, Vaupés, que, a pesar de dos décadas de trabajos en los que ha contado con maquinaria entregada por el Estado, fue cerrada por la Fiscalía, decisión que favorece a una trasnacional. Y es evidente la falta de respaldo y la actitud hostil del Estado en contra de los colombianos que desde hace años explotan minas de carbón.

En vez de convertir en casos de policía, y con sesgo inocultable en contra de los débiles, las realidades económicas y las contradicciones entre los extranjeros y los nacionales, lo que debería hacer el gobierno es aprobar políticas que aseguren que en el país puedan operar todas las minerías, para que cada una de ellas actúe de la mejor manera en cuanto a sus responsabilidades legales, ambientales, laborales y económicas. Esto, por supuesto, con el criterio de que el Estado debe darles especial respaldo a los pequeños y medianos mineros, artesanales y empresariales, porque así lo indica el interés nacional y el más elemental sentido de lo democrático en lo económico.