"Integrar las empresas de Bogotá no reduciría las tarifas": Aurelio Suárez

"Integrar las empresas de Bogotá no reduciría las tarifas": Aurelio Suárez

El Espectador, Bogotá, diciembre 17 de 2011

Frente al panorama de contradicciones y señalamientos en la idea de integrar las empresas de servicios públicos que plantea Gustavo Petro, el excandidato a la Alcaldía señala factores críticos y posibilidades en el tema.

Durante las últimas dos semanas, Gustavo Petro estuvo en el centro del debate por su idea de integrar las empresas de servicios públicos de Bogotá. En medio de esta discusión hubo opiniones de distintos sectores e incluso desde el propio Gobierno. Pese a la nube de pronunciamientos, muchos aspectos acerca del funcionamiento de las actuales empresas quedaron en un ambiente de incertidumbre. El Espectador buscó a Aurelio Suárez, uno de los ex candidatos a la Alcaldía que se destacó en la campaña por sus conocimientos técnicos sobre la ciudad y por ser un férreo intelectual de la izquierda democrática, para conocer sus opiniones sobre el tema.

¿Unir a las empresas de servicios públicos mediante un ‘holding’ reduciría las tarifas?

Una fusión alrededor de un monopolio natural con capital público es una solución mucho más aceptable para los usuarios. Pero tengo mis dudas frente a la reducción de las tarifas. Para lograrlo, las empresas deben ser eficientes en gestión, tecnología, acceso y cobertura.

¿Qué dificultades observa en esta integración?

Los estatutos de las empresas, las leyes que las rigen y las asambleas de accionistas son sólo algunas de las principales. Por esto las Empresas Públicas de Medellín no fusionaron las telecomunicaciones y UNE está dividida.

Respecto a la ETB, ¿Cuáles serán los obstáculos de la fusión?

Todo el mundo está contando con la ETB, pero ésta no es una empresa de servicios públicos porque la Ley TIC no contempla a las entidades dedicadas a las telecomunicaciones como prestadores de servicios públicos. Así ya no se podrían incluir en la propuesta de Petro.

En medio del debate se ha dicho que la Empresa de Acueducto es deficitaria. ¿Eso es cierto?

No. Una de las justificaciones para hacer la fusión de las empresas es que el Acueducto necesita dinero de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) y de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). Pero la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) lleva años generando miles de millones de pesos de utilidades.

¿El régimen laboral del Acueducto es el más costoso de Colombia?

Es una mentira que la nómina del Acueducto sea muy costosa. Los ingresos del Acueducto están alrededor de los $1,23 billones y la nómina, incluyendo la pensión, cuesta $113.000 millones. Es decir que no ocupa ni el 10% de los ingresos de la empresa.

¿Cuáles son los elementos que han fallado en el funcionamiento de la EAAB?

El contrato de la Planta de Tratamiento de Tibitoc con concesionarios privados como el grupo Fanalca, ha aumentado los costos de la empresa. En la vigencia de ese contrato le hemos pagado al operador 304 millones de metros cúbicos de agua que no nos hemos consumido, porque el documento estipula el pago una cantidad fija de agua así no la hayamos consumido. Además este volumen de agua se ha pagado al precio más alto. La concesión le vende el agua al Acueducto a una tarifa que ha subido un 60% por encima de la inflación de los últimos 11 años. Así que para rebajar tarifas habría que renegociar ese contrato. Eso es más efectivo que esta propuesta incierta de la fusión.

¿Quién fue el responsable de ese contrato?

Lo firmó Paul Bromberg en su segunda Alcaldía. Hoy, casualmente, él es asesor de Petro. Espero que no repita esta hazaña con otra planta de agua. Ese contrato continuó en la segunda Alcaldía de Mockus y fue renovado en la administración de Luis Eduardo Garzón. Además se entregó la operación de 5 zonas del Acueducto para la gestión comercial y el mantenimiento de redes a operadores privados. El grupo Fanalca, que tiene a su cargo la Planta de Tibitoc, también hace la gestión privada de 2 zonas del Acueducto. El pago a estos operadores corresponde a un porcentaje cada vez más alto en las utilidades. Ellos producen el agua, la comercializan y el Acueducto sólo los mira. Eso sí es algo muy grave.

En el caso de la energía en Bogotá, ¿Por qué es tan costoso este servicio en la capital?

Porque tenemos un pésimo estado de las redes de energía. Éstas son manejadas por Codensa, que pertenece a la multinacional Endesa, y no ha hecho renovaciones ni mantenimiento eficientes en las redes ni en los equipos. Nosotros trasmitimos la energía industrial a un voltaje de 11,4 KW, mientras que en el mundo a las industrias se les transmite a 34,5 KW. Mayor voltaje implica pérdidas menores, reducción en las facturas y mejor calidad. En Bogotá la factura promedio residencial subió 48% entre 2004 y 2010 y la factura promedio industrial subió 75%.

¿Cuál es la opción más indicada para el manejo de los servicios públicos domiciliarios en la capital?

Por supuesto lo público ha resultado siempre más benéfico que lo privado en este sentido. Por ejemplo, París acaba de revertir la privatización del agua, Argentina también lo hizo, en Estados Unidos el líquido es gratis en muchas ciudades o tiene un costo figurativo. Lo importante es tener claro por dónde empezar esa desprivatización. El diablo está en los detalles por eso hay que aclararlos. Si algo combatió el marxismo fue el socialismo utópico. Cada cual tiene su forma de hacer las cosas. Yo trabajaría las fallas que he mencionado en cada una de esas empresas se servicios públicos.

MANE, PERSONAJE DEL AÑO

MANE, personaje 2011

Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, 20 de diciembre de 2011

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Muchos coincidirán con la designación de MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) como personaje de 2011, pero posiblemente por razones que pueden diferir. En noviembre algunos analistas elogiaron que, contrario a hace 40 años, no son “grupos juveniles de organizaciones políticas”, ni “múltiples grupúsculos y siglas”, “muy relacionados con las izquierdas”. “El actual no es el brazo de ningún partido”. Otros, plantearon que el desarrollo del movimiento mostró que “Santos tiene un talante democrático y es alguien abierto a retroceder o modificar”, o que “donde dejen meter a los políticos perderán el apoyo de la opinión”.

No creo que lo anterior sea lo relevante. Se emitieron también juicios con cierto aire de ecuanimidad como: “los jóvenes lograron una victoria, pero, igualmente, Juan Manuel Santos, al retirar el proyecto”; o que fue un típico con “cara gano yo y con sello pierde usted”. Pero en realidad lo democrático era no haber presentado el proyecto, que a todas luces es profundamente reaccionario y depositaba en manos de negociantes, preferencialmente extranjeros, el proyecto de construcción y creación de conocimiento nacional, estratégico para un país. Derrotar tan nefasto propósito fue el gran triunfo del movimiento.

En segundo término, se debe destacar el papel de liderazgo de los estamentos de las principales universidades públicas, empezando por la Nacional, pero sin omitir los aportes de las privadas, laicas y de inspiración religiosa. ¿Cómo no reconocer, verbigracia, los aportes de Francisco Piedrahíta, de ICESI? MANE cohesionó un movimiento masivo, nacionalista y civil, que trascendió el ámbito educativo, y, aunque a algunos les suene feo, anti-colonialista. Contendió contra que, en el marco del libre comercio, la educación superior se torne en nicho de lucro de grupos internacionales de capital privado. No se olvide que objetivo necesarísimo en épocas de crisis donde los inversores buscan a toda costa colocaciones para sus excedentes. ¡A qué “locomotora” le pusieron el ojo!

Finalmente, se destaca el reagrupamiento del estudiantado colombiano en tres direcciones: organización, educación y propaganda. Es necesario que se unifique como interlocutor social válido y representativo, pero, también, es trascendental que se haya planteado el debate sobre la financiación, la democracia, la autonomía, los contenidos curriculares y el papel de la universidad en la sociedad y, algo que aparece subyacente: la discusión acerca de la real situación de Colombia, del país que tenemos. Al revés de lo que piensan asépticos estudiosos, los políticos juegan en esto y desatinadas opiniones al respecto impiden, en el fondo, que se cristalice entre todos la aspiración primera de los jóvenes de esta generación: un país soberano y democrático.

Así como las castas dinásticas promueven a sus delfines, en la MANE puede estar el relevo de la otra Colombia, silenciosa, lejana y proverbial actriz de reparto, que comenzó a ponerse en pié.

EL PAÍS DE LA COMPETITIVIDAD Y LA PROSPERIDAD

El país de la competitividad y la prosperidad

Francisco Torres, Bogotá, diciembre 20 de 2011.

Con el agua al cuello, sin suministro de gas, sin carreteras, sin empleo, entre otras carencias, avanza rauda, según la propaganda santista, la nación colombiana por la vía de la competitividad, pavimentada por diversos Tratados de Libre Comercio. Da risa y rabia la desfachatez de aquellos que venden neologismos para evitar que la realidad pueda sacar la cabeza de las ciénagas inundadas y de los derrumbes arrasadores.

Maldice Santos al fenómeno natural que nos trae las lluvias. Recuerda a otro gobernante, el Gran Rey, que mandó azotar al mar cuando no dejó pasar su ejército. Pero si la soberbia del persa era entendible en la ignorancia de hace veinticinco siglos, resulta ridícula la del presidente colombiano que pretende engañar a toda una nación injuriando a la Niña cuando debía aceptar que gobierna contra el desarrollo de su país y el bienestar de sus gobernados.

Y su principal lugarteniente, el enfático Vargas Lleras, Ministro del Interior, en la vieja costumbre oligárquica de transferir las responsabilidades, confiesa lo que todos sabíamos por las reiteras quejas de los damnificados: que el monstruo privatizador llamado Colombia Humanitaria, engendrado por este gobierno dizque para acelerar las obras, no ha ejecutado sino el 30% de los dineros que el Estado le ha dado. De tal manera que el jupiterino ministro tiene que reconocer que: “las obras se quedaron inconclusas y hoy no tenemos explicaciones que dar”. Y tan fresco como el lechuguino de su jefe.

En consecuencia, de competitividad, nada de nada: sin carreteras, sin ferrocarriles –los acabaron los gobiernos neoliberales-, sin investigación –no hay plata para eso-, sin educación pública gratuita y científica -¿para qué?, expresa la almibarada ministra de educación-, sin puertos y aeropuertos y, lo más decisivo, sin nada con que competir, porque el gobierno de Santos y el de Uribe y el de Pastrana, Samper y Gaviria y Barco se dedicaron y se dedican a acabar con la industria y agriculturas nacionales en tanto negocian con las limosnas que adjudican a los sectores devastados y para la muestra el botón de Agro Ingreso Seguro.

Con lo cual queda al desnudo lo que significa la palabreja: la competitividad es para las multinacionales. Y agreguemos, en consecuencia: la prosperidad, para los capitales foráneos; la seguridad jurídica, para los que depredan los recursos naturales.

Le queda al Gobierno el bálsamo de que la gran minería transnacional anda a galope desatado –ya se sabe que hablar de locomotoras en Colombia es un chiste hiriente- arrasando tierras, descuajando selvas, desertificando páramos, contaminando ríos y lagunas, oprimiendo y explotando hasta el extremo, ¡ah! y riéndose de las pobres leyes de este gran país humillado a ciencia y paciencia de sus gobernantes.

Para que las pobrecitas empresas ganen más mete de contrabando en la ley la reducción de las regalías que deberían pagar sobre los recursos que se llevan, pero que no lo hacen ante la alcahueta e indiferente “vigilancia” de estos lagartos criollos que ante sus amos extranjeros apenas alcanzan a menear sus colitas de mascotas amaestradas. De todos modos ya se sabe: las grandes empresas casi no pagan impuestos.

Como complemento de esa afamada competitividad está la “prosperidad para todos”, como dice la propaganda de Santos y de su Unidad Nacional. Y al que no le guste –la propaganda, naturalmente, porque la prosperidad sólo la ven los poderosos- ahí está la ley de seguridad para meter varios años en la cárcel al que se atreva a salir a una calle o carretera a protestar, no importa que lleve un año viendo su casa desmoronarse bajo el agua, no importa que no tenga trabajo, no importa que lo hayan reducido a habitar en cambuches en los campos petroleros. Y ahí está la reforma de la justicia para resucitar en todo su antiguo e inicuo esplendor la justicia penal militar para que los atropellos y desafueros de los miembros de las fuerzas militares queden cobijados por el manto protector de la complicidad. Bueno, prosperidad para congresistas y altos funcionarios del Estado que ya no van a tener –y temer- el juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia.

Pero, nos dirán, crece nuestra economía en el 5,8%. A pesar de lo que digan ustedes, los resentidos, se mueve la economía. Sí, la economía se mueve al compás de las gigantescas ganancias de las multinacionales y de los bancos. Nuestras, mal resabio este de decir “nuestras”, exportaciones crecen, pero son las exportaciones de ellos. No es sino mirar las salidas de carbón y petróleo y preguntarse quiénes son los dueños de los embarques. No es sino mirar las enormes remesas a sus casas matrices. No es sino mirar el pago de los leoninos intereses.

Pero también prospera en los pueblos la idea y la práctica de luchar contra la política neoliberal del imperialismo y se compite con ardor por sobresalir en la defensa de la soberanía nacional. A tanto mal tanto remedio.

¿REPÚBLICA DE COLOMBIA O PRINCIPADO DE ANAPOIMA?

de Jorge Enrique Robledo Castillo, el Viernes, 9 de diciembre de 2011.

Príncipe de Anapoima   Por. Jorge Enrique Robledo

Significa un sonoro campanazo de alerta que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado hayan decidido no participar más en el trámite de la reforma a la Justicia que a punta de fuerza y sin buenas razones impone el gobierno. En palabras de la Corte, el proyecto “no resuelve el problema ciudadano que reclama justicia”, “atenta contra la estructura del Estado democrático (...), al concentrar el Poder Público en las ramas Ejecutiva y Legislativa”, “resquebraja la independencia y autonomía judicial”, “desconoce que la función jurisdiccional debe estar (…) en cabeza de los jueces”, introduce de manera “repentina y sorpresiva” el fuero militar y “sustrae del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia la investigación y juzgamiento” de los congresistas y de los otros altos dignatarios del Estado, todo lo cual contradice la separación de los poderes (http://bit.ly/ueTC7x ).

Si bien la reforma no atiende las necesidades del país, sí concentra más el poder en el Presidente de la República, concentración que se agrava porque en Colombia la separación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo constituye una ficción, dado que la norma es que el látigo burocrático del jefe del Estado someta a senadores y representantes, al igual que a gobernadores y alcaldes y diputados y concejales. “En Colombia manda –decía un veterano congresista– el partido del presupuesto”, verdad que Uribe no puede olvidar porque no se lo permite Santos, quien para estos efectos también superó a su mentor.

Si a algo se ha dedicado Santos es a fortalecer aún más su poder, como bien lo prueban sus leyes de regalías y televisión y sus tentativas contra la autonomía de las corporaciones regionales. Tampoco es casual que haya creado el Departamento para la Prosperidad Social –qué tal el nombrecito–, que unió bajo el control de la Presidencia el formidable poder clientelista que manejan Acción Social y el Instituto de Bienestar Familiar. Solo le resta someter de una vez por todas a la Justicia, labor en la que dio el retardatario paso de la ley de la sostenibilidad fiscal.

La reforma a la Justicia elimina por completo el papel que hoy tienen las altas Cortes en la elección del Procurador, el Registrador y el Contralor, por cuanto en los dos primeros casos la terna será elaborada por el Jefe del Estado y elegirá el Congreso en pleno y, en el tercero, ternará el Senado y escogerá la Cámara. Y viene de antes que el Presidente arme la terna de la que sale el Fiscal General de la Nación.

El gobierno, además, con el ministro de Justicia en la Sala de Gobierno del Consejo de la Judicatura, se entrometerá en los asuntos de la Rama, tales como definir sobre la existencia de juzgados y tribunales, la actuación de jueces y magistrados, la administración de la carrera judicial y la aprobación del presupuesto del poder judicial. También se le otorga a la Sala Disciplinaria del mismo Consejo, elegida por el Congreso de terna del Jefe del Estado, el derecho a juzgar la actuación de los jueces, que así quedan bajo la férula del Ejecutivo.

Con un criterio que no puede aceptar ni un estudiante de primer año de derecho, la reforma les entrega a autoridades de rango inferior la potestad de enjuiciar a los congresistas. También impulsa la “privatización y administrativización de la Justicia”, dice la Corte, cuando les entrega a notarios y abogados la función de impartir justicia, que debe ser reservada para los jueces de la República, con experiencia para ejercer esa compleja labor. Y eleva a rango constitucional el cobro del arancel judicial, paso formal en contra de la justicia como derecho ciudadano.

También debilita el poder judicial y fortalece a Santos el artículo que establece que, “en todo caso”, no serán de la órbita de la justicia ordinaria, sino de la militar y policial, “las operaciones y procedimientos” en los que miembros de la fuerza pública violen la ley. ¿Qué razón aceptable –no para Santos ni para su gran elector, por supuesto– justifica darles un trato jurídico especial a hechos como los llamados ‘falsos positivos’?

Coletilla: sin explicaciones satisfactorias ni de Telefónica y ni del gobierno, se aprobó capitalizar a Coltel con 3.5 billones de pesos de recursos públicos, para que esa trasnacional haga lo que se comprometió a hacer hace cinco años, cuando se le entregó barato el patrimonio de Telecom. ¿Por qué el gerente de Telecom saltó a Telefónica-Colombia y un ejecutivo internacional de Telefónica pasó a ser ministro de Comunicaciones?

Proyecto que reglamenta distribución de regalías confirmó mis peores advertencias, afirma Robledo

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, noviembre 29 de 2011

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Un proyecto centralizador que convierte a municipios y departamentos en convidados de piedra. Todo está reglamentado para que el gobierno pueda hacer lo que le dé la gana. Se disfrazan como regionales los proyectos que hoy son de responsabilidad de la nación.

Ponencia negativa al proyecto de ley que reglamenta la distribución de las regalías presentó hoy el senador Jorge Enrique Robledo en la sesión de Comisiones Quintas conjuntas (ver video: http://t.co/51pwLNtv), pues el texto redactado por el gobierno “confirmó mis peores advertencias” y puso en evidencia que se va a despojar de sus derechos a los municipios de hoy y de mañana.

El grado de dictadura del gobierno nacional sobre municipios y departamentos es inaudito, añadió. Aunque se crean cuerpos colegiados para dar impresión de democracia, todo el poder lo concentra en Planeación Nacional y en ministros y el texto está calculado para que solo pueda hacerse lo que el gobierno quiera y para que todo, desde la fiscalización hasta la ejecución, pueda privatizarse. Municipios y departamentos quedaron convertidos en convidados de piedra.

Señaló que el gobierno nacional incurre en una práctica engañosa al presentar porcentajes y no simulaciones en dinero. “No es cierto, como dijo el ministro Echeverri, que la mermelada se reparta equitativamente por toda la tostada de la geografía nacional.”

Precisó que el 30% de los recursos irán a una especie de fondo de inversión, regido por el derecho privado, que utilizará las regalías para especular en los mercados financieros internacionales, plata que se podría terminar perdiendo.

“La ley tiene dos enormes micos –dijo–. Permite que se les rebaje a los crudos pesados el 40% del valor de las regalías y modifica el precio base para la liquidación”.

Exigió una auditoría pública y seria tanto para los que pagan regalías como también para los que se las gastan. A las trasnacionales no puede seguir creyéndoseles por buena fe, como lo ha denunciado la Contraloría.

Concluyó denunciando que es un proyecto “fuertemente centralizador a favor de macroproyectos para macrocontratistas” y en contra de los proyectos locales, de interés municipal o departamental, desechados por el gobierno como “chichigüeros”. Todo en Colombia se les va a entregar a los monopolios y a las trasnacionales en la lógica del libre comercio.

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Repudio el asesinato de los militares secuestrados por las Farc. 27 de noviembre de 2011. Senador Robledo: http://bit.ly/v8xDkp

A propósito del debate de los impuestos en el negocio de la minería y los hidrocarburos: http://bit.ly/sQkT30

Reglamentación resultó peor que la reforma constitucional a las regalías: http://bit.ly/w4XOHL

Regalías e impuestos en minería e hidrocarburos

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 25 de noviembre de 2011.

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Como lo expliqué en reciente debate en el Senado (http://bit.ly/sv3g7F), según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del Ministerio de Minas, en 2010, las regalías, el canon superficiario y los impuestos mineros –el Government take– sumaron el 20 por ciento, cifra que muestra que Colombia recibe apenas la mitad de lo que teóricamente debe recibir, porque el impuesto de renta es del 33% y las regalías promedio pueden ser del orden del 10%. Además del grave daño ambiental y de las malas condiciones laborales que impone, la minería trasnacional tampoco le paga al Estado lo que le debería pagar. En un análisis de pérdidas y ganancias de todos los aspectos, el país es perdedor neto en este negocio.

Las regalías son bajísimas. Las actuales por petróleo no pasan del 8%, igual que las del níquel; las del gas empiezan en 4%, las del carbón van entre 5 y 10%, las reales del oro y la plata son del 3.2%, las del hierro y el cobre valen el 5% y la de las calizas (cemento) el 1%. A todas las partes del negocio minero les toca más que a la Nación, la dueña del recurso principal. En contraste, los paupérrimos indígenas de La Guajira pagan el 12% por la sal que extraen, cifra que muestra un Estado blando con los monopolistas e implacable con las gentes sencillas.

Además de lo bajo de las regalías, son muy escasos los impuestos que pagan. El Ministerio de Hacienda revela que la tasa efectiva del impuesto de renta de las mineras en 2010 fue del 16% y el director de la Dian informa que la tarifa efectiva es del 13%, cifras que se explican por unos descuentos tributarios enormes. Entre 2002 y 2010, el costo fiscal de los impuestos no pagados –no solo mineros– fue de 37,1 billones de pesos, dato que les sirve de argumento a los estudiantes que luchan porque el Estado garantice el derecho a educación gratuita y de alta calidad. En la investigación para el debate se confirmó que los llamados “grandes contribuyentes” –de los que hacen parte las trasnacionales mineras– no lo son porque paguen muchos impuestos, sino porque ellos recaudan y le pasan a la Dian lo que pagan otros (IVA, retención en la fuente, etc.). Lo que en verdad cancelan por renta los grandes contribuyentes apenas equivale al 11% –$7,6 billones– del total de recaudo, y Ecopetrol aporta $3 billones. Si se suma el impuesto al patrimonio, su aporte llega al 14% (http://bit.ly/vL2tGW).

En el debate se citó un informe del director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, de especial gravedad. Este explica que en 2010, por ejemplo, las diferencias entre los patrimonios brutos y líquidos declarados por las mineras van entre el 68 y el 106%, según se trate de lo que informan para la declaración de renta o para el impuesto al patrimonio. “Ortega dijo que el sector minero tributa menos de lo que debe: ‘no es una presunción, es una verdad, pero hay que demostrarlo’” (El Tiempo, Nov.23.11). También denuncia 13 prácticas de las mineras y petroleras para evadir impuestos, entre ellas unas tan graves como estas: “Disfrazan de legal, importaciones ilegales de equipos robados en Venezuela y Ecuador” y “sobornan a los empleados de aduanas proliferando la corrupción y las malas prácticas” (todas las maniobras en http://bit.ly/thHL7G). E informa que en 2009-2010 “el costo de la nómina reportado por los grandes contribuyentes pasó de $58 billones a $92 billones o un 60% de incremento, mientras los parafiscales crecen al 1%”. Qué tal los angelitos.

También con cifras oficiales se demostró que entre el oro producido y que pagó regalías y el exportado hay una diferencia de 23 toneladas –$1.9 billones–, descuadre que puede ser evasión de regalías o exportaciones ficticias y lavado de activos. Y Guillermo Rudas demostró que por canon superficiario las mineras dejan de pagarle a Ingeominas entre $161 mil y 451 mil millones al año (http://bit.ly/rUMTsR), cifra imprecisa porque el gobierno no sabe con exactitud qué pasa. La Contraloría General de la República ha dicho que el Estado cree en las cifras que reportan las trasnacionales mineras por “buena fe”, porque no tiene elementos para “controvertir o rechazar las liquidaciones de producción y cálculo de las regalías que le reportan”. Sobre petróleo agrega que el Minminas no dispone de datos propios sobre el que se extrae y el “que se vende ya sea para exportación o refinación” ni para verificar los “reportes de crudo despachado y recibido en la cadena de producción y transporte” (http://bit.ly/sXnEB5). Que en religión se crea por fe es entendible, pero ¡¿en negocios?! En la base de esta desvergüenza están unas normas redactadas para que ocurriera lo que ocurre y el ridículamente pequeño número de funcionarios encargados de auditar las cifras (14 funcionarios deben medir cada día el petróleo que sale de miles de pozos en 341 campos regados por toda Colombia). En regalías –y en impuestos, para algunos– es más fácil defraudar al Estado que quitarle un sonajero a un bebé.

Y hay que ver la rabia del Minhacienda Echeverri cuando la Contralora General de la República, Sandra Morelli, pidió unos pesos de regalías para mejorar la auditoría, para que no se las roben ni al cobrarlas ni al gastarlas, y para que ese control lo haga el Estado y no los negociantes privados, que fracasaron en esa función contratados por Planeación Nacional (http://bit.ly/vMflC9).

Estados Unidos: un deplorable caso de educación superior con ánimo de lucro

Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, noviembre 21 de 2011

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Para crear un sistema de educación superior con ánimo de lucro hay que fomentar los agentes de oferta y demanda. En Estados Unidos las élites empresariales han reforzado este nicho que permite su prestación de distintas formas con inversiones de bajo costo: presencial; en asociación entre instituciones, incluidas alianzas público-privadas; las franquicias y la virtual (por Internet). Bill Clinton es canciller emérito de Laureate Education, el “prestador líder de educación superior en el mundo” y donde participa “KKR, cuarta firma de capital privado del mundo”; Jeb Bush es miembro del Consejo Asesor de Whitney University System, que atiende 150 mil estudiantes en línea, y Phoenix University, la mayor de Estados Unidos, asociada a The Carlyle Group, “tercera firma más grande de capital privado del mundo”. (Francisco Piedrahíta en www.fenalprou.org.co)

¿Cómo crear demanda? Mediante el crédito educativo, cuyos clientes crecen al 2% anual. Según www.finaid.org, 2/3 de los estudiantes tienen préstamo y el monto promedio es de 27.800 dólares. Estos promedios suben en las instituciones privadas con ánimo de lucro, donde el porcentaje de deudores es del 96% y la deuda de 30.909 dólares. Desde que existe este programa, se han colocado 1,7 billones (millones de millones) de dólares y el monto en 2011 es superior al billón, más que el fondo rotatorio de todas las tarjetas de crédito, y el doble que hace diez años. También crecen los casos de impago que superan el 8,8% y esa proporción sube en estudiantes de instituciones con ánimo de lucro, de ingresos bajos y programas virtuales.

La perspectiva de cumplimiento en el pago es negativa. Algunas crónicas hablan de casos donde el crédito inicial de 250 mil dólares subió a 555 mil; que encontrar empleo con la crisis económica, para abonar a las deudas, se ha dificultado y que muchos protestantes de Occupy Wall Street están afectados por “la burbuja de la educación”, peor que la de las hipotecas. El eventual estallido ha movido a Obama a proponer que sólo se pague durante 20 años (¡increíble!) y que las cuotas no excedan el 10% de los ingresos del deudor.

La burbuja se infló con la reducción del presupuesto estatal y el traslado de los costos a los estudiantes vía alza de las matrículas, que ha sido del 400%, en dólares reales, entre 1985 y 2005. Esa burbuja afecta las decisiones de vida futura de los deudores para formar pareja o adquirir vivienda. El ejemplo estadounidense muestra quienes son los ganadores y perdedores de la educación con ánimo de lucro, más allá del daño a la calidad educativa o al deterioro del mercado laboral profesional. La MANE, Ascun y Fenalprou tienen sobrada razón para su movilización.

La oposición merece una oportunidad

Libardo Gómez Sánchez, Diario del Huila, Neiva, octubre 24 de 2011

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Neiva al igual que el resto del país, se hunde en el fango de la pobreza que dispara los índices de delincuencia y drogadicción, los pocos que disponen de unos ingresos decentes tratan de refugiarse en condominios acordonados por alambre de púas y custodiados por guardas privados de seguridad, sin embargo su tránsito cotidiano por los diferentes lugares de la ciudad los expone al asalto de los raponeros o al atraco a mano armada, al abrumador encuentro con la indigencia intoxicada con la botella de pegante, al solícito ofrecimiento de la prostitución infantil, en fin, es inevitable toparse con las innumerables lacras que la miseria genera en la sociedad.

 

Contra toda evidencia, quienes se han perpetuado en la conducción de la nación insisten en aplicar los mismos remedios a males que se salieron de madre, para ello falsean la realidad y presentan el éxito de unos pocos como el de todos: el enorme crecimiento de las utilidades del sector financiero, como un avance de la sociedad; los balances de las EPS como logros de la atención en salud; el TLC para los negocios de la multinacionales como la panacea a los males del país; la reforma privatizadora de la educación superior como una oportunidad para los sectores populares; la explotación minera a cielo abierto, que arrasa con todo, como una actividad protectora del medio ambiente, entre muchas otras falacias que pregonan a los cuatro vientos.

 

Las mayorías no creen en nada ni en nadie, pero los más pobres continúan acudiendo esperanzados a las urnas por la promesa que periódicamente les hacen los politiqueros de siempre o afanados por recibir el día alguna migaja de las que reparten los desfalcadores del erario, sus penurias son tan urgentes que resulta ingenuo esperar que mediten el voto, sin embargo existe una franja de colombianos que se revientan a diario en múltiples actividades, procurándose de manera honrada el sustento de sus familias, que no viven de los políticos, pero que sufren sus decisiones y a pesar de ello no expresan su inconformidad eligiendo, sino paradójicamente absteniéndose con lo que facilitan la perpetuidad de los mismos; estos podrían provocar un cambio sustancial en los resultados si participaran de manera independiente: “ los pueblos cambian cuando deciden cambiar a sus dirigentes”.

 

Es hora de permitirle a las nuevas concepciones desarrollar sus propuestas: proteger a los sectores de la economía que forman la base material de nuestra riqueza y generan trabajo para la gente; fortalecer la red pública hospitalaria dedicando la totalidad de los recursos a atender a los pacientes, eliminando las utilidades de las EPS; garantizar la gratuidad de la educación hasta el grado 11, proveyendo alimento, transporte, textos y uniformes a quienes los necesiten , mejorando las condiciones locativas de los colegios y la capacitación de los docentes; mantener el carácter público de las empresas de servicios domiciliarios, pero con administraciones libres de los compromisos burocráticos; regular la presencia del capital extranjero, de tal manera que no afecte los esfuerzos empresariales criollos, con gabelas que los ponen en condiciones ventajosas y constriñen el crecimiento de las empresas nacionales, estas son algunas de las propuestas de quienes nos oponemos a las políticas de la “Unidad Nacional” y que merecen una oportunidad .

Privatizar a Ebsa traerá como consecuencia el deterioro del servicio, anticipa Robledo

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 19 de octubre de 2011.
----- Privatizar la Ebsa acarreará graves perjuicios a los boyacenses. La enajenación inevitablemente rebajará la calidad del servicio e incrementará las tarifas. Debe ser el Estado el que garantice la provisión de la energía eléctrica en Boyacá.

Privatizar a Ebsa, como lo tiene decidido el gobierno nacional, le acarreará graves perjuicios a la ciudadanía boyacense, empezando por el alza de las tarifas de energía y por el deterioro del servicio en las zonas rurales más alejadas, sostuvo hoy en la Comisión Quinta el senador Jorge Enrique Robledo.

Cuando el gobierno impone a la brava la utilidad privada como el aspecto medular de los servicios públicos, surgirá siempre en forma inevitable una contradicción que se resuelve en contra del usuario. Para poder sacar mayor ganancia, el monopolio se ve obligado inexorablemente a incrementar las tarifas y a rebajar la calidad. En este caso particular, explicó Robledo, al consorcio que resulte beneficiado con la venta de Ebsa no le va a resultar rentable prestar el servicio de energía ni en las áreas pobres ni en las regiones alejadas. “Más costoso les sale incluso llevar hasta las casas las facturas y hacerles el mantenimiento a los transformadores”.

El que sea el Estado y no el monopolio particular el que intervenga en los servicios públicos se vuelve indispensable en cualquier sociedad para que puedan llegar a toda la población, concluyó el senador del Polo Democrático.

El sectarismo y la persecución de CM& contra el Polo lo llevan a alcahuetear corruptelas

Jorge Enrique Robledo, Senador de la República, Bogotá, octubre 18 de 2011

Doctor

Yamid Amat

Director Noticiero CM&

Bogotá

Ref. El sectarismo y la persecución de CM& contra el Polo lo llevan a alcahuetear corruptelas.

Cordial saludo:

En el 1, 2 y 3 del pasado viernes, CM& volvió a lanzar infundios contra el Polo Democrático Alternativo y Aurelio Suárez, su candidato a la Alcaldía de Bogotá, con el propósito de desacreditarlos. Que CM& tergiverse los hechos para desprestigiar al Polo no constituye una novedad. Pero esta agresión auspicia una corruptela.

La Constitución y la ley, así como la ética, prohíben la doble militancia, es decir, pertenecer, al mismo tiempo, a dos organizaciones políticas diferentes (ver pruebas:http://bit.ly/qGXmv0). CM& sabe que está probado que Guillermo Asprilla es dirigente del grupo de Gustavo Petro, razón por la cual violó la ley cuando se posesionó como concejal del Polo en Bogotá. Y CM&, en vez de contar la verdad, la oculta y al mismo tiempo alcahuetea que despojen al Polo de una curul que le pertenece y, como si fuera poco, difama a Aurelio Suárez, un colombiano tan respetable como el que más.

CM&, además, no mostró la respuesta que Aurelio Suárez le dio a uno de sus reporteros cuando le preguntó sobre este caso y respondió: la doble militancia constituye un acto de corrupción. Hasta el más novato de los estudiantes de comunicación puede explicarle a CM& que es un deber ético del periodismo dar las versiones de las partes en una noticia.

La actitud de CM& contra el Polo, además de antidemocrática por excelencia, viola la Ley 130 de 1994, que ordena que la información sea plural, objetiva e imparcial.

El sistemático maltrato de CM& al Polo podría servir en las escuelas de comunicación para enseñar, por ejemplo negativo, cómo no hacer buen periodismo, porque antes que informar a sus televidentes, los desinforma y manipula. Y no es porque usted no pueda ser partidario de las fuerzas reaccionarias que tanto daño le hacen a Colombia, sino porque los juicios de los directores de los medios, o los prejuicios, en este caso, no deben disfrazarse de noticias, y menos tras unas caras graciosas.

A ningún colombiano ilustrado se le escapa que la persecución de CM& contra el Polo hace parte de las mismas viejas concepciones que siempre han perseguido a la izquierda democrática en Colombia con el propósito de liquidarla o de hacer que traicione su pensamiento, objetivos que les fracasarán con el Polo Democrático Alternativo.

Atentamente,

Jorge Enrique Robledo

Senador de la República

TLC con Estados Unidos: lo peor para Colombia en 192 Años

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 14 de octubre de 2011.


El TLC con Estados Unidos es lo más malo que le ha ocurrido a Colombia luego de la Independencia de España, el 7 de agosto de 1819. Porque lleva las relaciones entre los dos países a unas muy parecidas a las que tuvo la Nueva Granada con la Corona española, le arrebata al país toda posibilidad de resolver sus graves problemas económicos, sociales y políticos, condenándolo, mientras dure el Tratado, a la pérdida de la soberanía, el atraso científico y productivo, la desnacionalización económica, la concentración de la riqueza, el maltrato laboral y ambiental, la corrupción, el desempleo y la pobreza. Ganarán, sí, los pocos colombianos que logren separar su suerte personal de la de la nación, al conectar sus intereses con los de las trasnacionales que avasallan a Colombia.

El Tratado tiene 23 capítulos y 1.300 páginas que reglamentan en detalle toda la economía colombiana: exportaciones e importaciones, agro, industria y servicios, inversiones extranjeras, sector financiero, telecomunicaciones, propiedad intelectual, compras públicas, asuntos culturales, laborales, ambientales y sanitarios, en fin, todo. Ninguna norma nacional podrá contener nada que contradiga su texto, pues este equivale a la Constitución económica de Colombia. El TLC, además, no podrá modificarse sin permiso de Estados Unidos y su derogatoria unilateral por parte de Colombia, que puede darse, tendría que obligar a las trasnacionales a soltar la presa.

Los TLC están montados sobre mentiras. No es cierto que para venderle a Estados Unidos haya que tener un TLC con ese país: nadie en Europa lo tiene, ni China, ni Japón, ni Brasil. También es falso que a los países los desarrollen los extranjeros, y más si solo invierten cuando les garantizan monopolios y materias primas, impuestos y mano de obra baratos. Tampoco es verdad que los estadounidenses desmontarán sus descomunales subsidios industriales y agrarios. Y es falaz afirmar que a Colombia se le impone lo que hicieron norteamericanos, europeos y japoneses para desarrollarse. Por el contrario. El TLC le quita los principales instrumentos que esas naciones usaron para construir sus economías.

Colombia no negoció un TLC con Estados Unidos. Los llamados “negociadores” fueron un grupito de “hombres sí”, a cuyo director, el ministro de Comercio, no le dio vergüenza salir del cargo para irse a Washington a un puesto en el Banco Mundial. Que todos los TLC de América sean iguales obedece a que las trasnacionales le indican a la Casa Blanca cuáles son sus intereses y esta se los convierte en tratados. Las diferencias se limitan a establecer el plazo en el que la industria y el agro de los países víctimas perderán toda protección, es decir, a darles orden a las quiebras: quiénes en el primer año, quiénes en el quinto y quiénes el décimo, que suele ser la desprotección más tardía.

El libre comercio no va a empezar en Colombia con los TLC. Lo inició César Gaviria y avanzó en los gobiernos siguientes. Lo nuevo es que buscan profundizarlo y hacerlo irreversible. Y dos décadas de ruina y retrocesos industriales y agropecuarios por las mayores importaciones, de desempleo y pobreza, al igual que de unas exportaciones limitadas a los mismos productos agropecuarios y mineros de siempre, muestran la falacia de los pajaritos de oro que pintan con el TLC con Estados Unidos, a cuyos daños se sumarán los tratados con Canadá, la Unión Europea y Corea.

Si este TLC era malísimo en 2006, cuando se negoció, ahora es peor. Primero, por la grave crisis estadounidense y mundial. Y segundo, porque la revaluación ha disminuido en 20% la competitividad nacional, revaluación que tiene como causa principal que Estados Unidos reducirá las importaciones y aumentará las exportaciones como sea, incluso imprimiendo dólares sin parar, en algo así como una gran falsificación de moneda.

Las privatizaciones son parte del libre comercio. Por eso Santos no desmonta el sistema de las EPS, estrangula financieramente a las universidades públicas y busca legalizar el lucro en la educación, negocio impuesto por el capítulo de inversiones del TLC con Estados Unidos. Y otra vez se demostró, esta vez con Obama y sobre el caso de los crímenes contra los sindicalistas colombianos, que Washington permuta negocios por derechos humanos (Libro “El TLC recoloniza a Colombia” en http://bit.ly/jho8XW).

Privatización y universidades con ánimo de lucro siguen en el proyecto de Santos

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo Bogotá, 11 de octubre de 2011

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La reforma permite crear universidades de economía mixta y convierte el Fondo de Desarrollo en una sociedad anónima. TLC autoriza inversión extranjera y ganancias en educación superior. Empeora la crisis financiera de universidades públicas. Se lesiona la autonomía universitaria y se fortalece le negocio financiero.

El senador Jorge Enrique Robledo afirmó que el presidente Santos falta a la verdad porque en su reforma a la educación superior no eliminó el ánimo de lucro ni la privatización.

Robledo explicó que la propuesta del gobierno crea las instituciones de economía mixta en la educación superior, es decir, empresas que se rigen por el derecho privado con el propósito de hacer ganancias. Incluso puede ser peor, porque universidades públicas pueden terminar convertidas en mixtas.

La reforma también transforma el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior, entidad encargada de estructurar los proyectos para la expansión y mejoramiento de la calidad de la educación, en una sociedad anónima de economía mixta.

El presidente Santos también oculta que el capítulo de inversiones del TLC con Estados Unidos autoriza las universidades con ánimo de lucro y que el del comercio transfronterizo de servicios autoriza a los norteamericanos a prestar, desde Estados Unidos, servicios educativos virtuales, inversiones que se harán buscando el lucro, señaló el congresista del Polo.

El parlamentario agregó que la reforma empeora la crisis financiera de las universidades públicas, porque las cargas que les impone son muy superiores a los recursos que se les trasladan. Y rechazó que los créditos financieros sean el principal instrumento para que los jóvenes accedan a la educación superior.

También afirmó que la propuesta lesiona la autonomía universitaria y atenta contra la participación democrática de los estamentos básicos, porque define cómo y qué se debe enseñar y mantiene en los órganos de dirección a personas ajenas a la universidad.

Robledo respaldó el programa mínimo de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, y su decisión de convocar a un paro nacional universitario.