No es haciendo felices a las trasnacionales mineras como se va a sacar al país adelante

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en la sesión de la Comisión Quinta del Senado, 14 de agosto de 2012.

Por acuerdo casi unánime, senadores de la Comisión Quinta, junto con expertos y dirigentes sindicales, constituyen el Comité por la Defensa del Interés Público en Cerro Matoso. El gobierno, casado con la prórroga. Según los contratos, Cerro Matoso debe revertir a la nación. El 051 sirvió para cambiar ilegalmente los dos contratos anteriores. La plata que pierde la nación si la mina no revierte. Billiton quiere ir hasta el año 2044. Un contrato hecho para defraudar a la nación. Un alquiler ridículo y una burla al Estado, porque el canon se calcula con base en la información suministrada por el arrendatario. La Contraloría les sale al paso con el control de advertencia. Puede terminar gente en la cárcel. ¿Por qué hay colombianos involucrados? El gobierno, en contravía del interés nacional. ¿Cuál es el problema de fondo? Que detrás está el gran poder a través del cual las trasnacionales y los grandes imperios manejan el mundo.

Antes de entrar en materia, dos temas. Primero, a ver si el gobierno resuelve en serio el paro de Fenoco, gravísimo para la economía del país, para los habitantes de esa región, para los trabajadores. He mirado el pliego de peticiones de los trabajadores y no me parece que sea una desproporción. Son peticiones que se pueden atender. Me preocupa además que Drummond se esté disponiendo a hacer una especie de suspensión de labores que dejaría sin trabajo a todos los trabajadores de Drummond, lo que agranda el conflicto en proporciones alarmantes. Le pedí antier al ministro del Trabajo y hoy se lo pido a usted, señor ministro de Minas, investigar un hecho que llama la atención. Ese paro pudiera estar siendo precipitado por la intransigencia de la empresa con un propósito, el de desabastecer en parte el mercado mundial para presionar alzas del precio del carbón a escala global, alzas que podrían resultarle un gran negocio si tuviera grandes reservas en Europa y en Estados Unidos, porque aquí dicen no tenerlas. Simplemente, llamo la atención de que se resuelva este problema y que el gobierno estudie si aquí ante lo que estamos es ante un paro patronal disfrazado. Se estaría obligando entonces a los trabajadores a hacer el cese de actividades para presionar al alza los precios del carbón en el mercado mundial. Cosas como estas no son tan extrañas en la economía global.

(Interpela el ministro Cárdenas: le pido la interpelación simplemente porque como no es el tema central de hoy, pero sí un punto muy importante, y agradezco que usted lo traiga a consideración. Ayer se produjo una votación entre los trabajadores de Fenoco, y mayoritariamente y cumpliendo obviamente el quórum requerido por la ley, votaron a favor de un tribunal de arbitramento. Esperemos que ese tribunal llegue a una fórmula satisfactoria para todas las partes. Yo coincido con usted y nosotros les hemos dicho a las empresas que busquen fórmulas. El paro no le conviene a nadie, no les conviene a las empresas, no les conviene a los trabajadores. De manera que ese ha sido nuestro mensaje. Creemos que la figura del tribunal de arbitramento es la mejor opción en este momento. Afortunadamente, los trabajadores la aprobaron y votaron. Y esperemos que rápidamente el tribunal se pronuncie y tome la decisión sobre esos puntos que usted menciona, que tienen que ver sobre todo con temas salariales. Con respecto a que esto pueda generar una manipulación de precios internacionales, lo dudo, por una razón. No tenemos el peso suficiente en el mercado internacional como para ejercer realmente una influencia sobre los precios. No creo que esa sea la motivación. Simplemente, aunque somos un productor importante, no tenemos tanta injerencia sobre los precios y las cotizaciones internacionales. Pero tiene usted razón en que es mejor la fórmula de una solución negociada, en este caso a través de un tribunal de arbitramento).

JER: Habría preferido que hubiera sido la empresa y no usted la que me hubiera respondido que no con respecto a esa posible manipulación de los precios internacionales y que usted simplemente me hubiera dicho que lo iba a investigar. Pero bueno, cada uno responde las inquietudes de los senadores como le parece más conveniente. Quiero insistir en que es importante que no se pierdan los roles.

Lo segundo antes de entrar en materia: el 1° de agosto hubo movilizaciones contra la locomotora minera del presidente Santos en 21 ciudades de Colombia y Canadá, porque hay muchísimos problemas, incluida la persecución a los pequeños y medianos mineros, mientras vemos cómo las trasnacionales gozan de todo tipo de gabelas. Entiendo que usted no estuviera de acuerdo, pero lo que quiero reclamarle es que usted ese día, en el programa de Pregunta Yamid, afirmó que las movilizaciones habían fracasado. No es cierto. No fracasaron, hubo importantísimas movilizaciones. Pero bueno, cada uno tiene su apego a los hechos como quiera mirarlos. Pero lo que quiero señalar es que usted dio como prueba del fracaso el hecho de que no hubo desórdenes. Me parece de una gravedad inaudita. Usted tiene que medir, ministro, cada palabra que pone en sus labios. Qué tal que quienes protestan salieran a promover sus exigencias llamando a que haya desórdenes, precisamente para hacerse sentir. Lamentable esa manera de ver las cosas.

Amplia unidad en defensa del interés público

Entrando en materia, empiezo por resaltar una cosa que acabamos de constituir en esta Comisión: el Comité por la Defensa del Interés Público en Cerro Matoso. Estamos en él casi todos los congresistas de la Comisión, además de especialistas, organizaciones sindicales, trabajadores y representantes de los alcaldes de la región, a fin de hacerle fiscalización a este tema. Me parece importante porque es un buen propósito el que nos permite congregarnos, así tengamos desacuerdos en otros temas.

No me voy a referir, porque ya se ha mencionado aquí, a las prácticas contrarias al interés nacional que han venido sucediendo en Cerro Matoso. Eso solo daría para un debate entero: cómo liquidan las regalías, qué pasa con la canga, los impactos ambientales que son inmensos, los malos tratamientos a los trabajadores que reclaman contra las malas relaciones laborales, la falta de información, en fin, podríamos hablar de muchas cosas, pero no tengo tiempo suficiente para desarrollarlas. Entiendo que el doctor Guillermo Rudas, una de las personas que más saben de estos asuntos en Colombia, va a mirar con detenimiento lo que está pasando a la hora de su intervención.

El gobierno, casado con la prórroga

Me voy a centrar en el tema de los contratos. Hay dos contratos de los años 1963 y 1971, modificados a mi juicio de manera leonina, tramposa, dolosa, por el contrato 051. La discusión que hoy tenemos es que Cerro Matoso, por razones obvias, aduce que hay que cumplir el 051, así se muera el que sea. Pero cómo no, si fue maravilloso lo que logró. Muchos otros abrigamos serias duda y no aceptamos esa tesis. Y lo grave es que el gobierno, como lo señaló aquí el representante a la Cámara, David Barguil, ya se casó con la idea de que hay que cumplirle a Cerro Matoso, a BHP Billiton, también socia de El Cerrejón. Este es el punto sobre el cual me quiero detener. Cómo se hizo todo esto, porque en últimas, si el 051 se cumple, la nación será tumbada inexorablemente. Pienso que no solo no se debe cumplir ese contrato, sino que se le debe declarar la caducidad, por lo menos en los aspectos que guardan especial relación con los dos otros contratos que está afectando. Se abren muchas posibilidades y estoy seguro de que la nación va a salir mejor librada, que es al final de lo que se trata.

Se vuelve muy importante, colombianos y senadores, entender por qué el ministro de Minas y el presidente de la República, porque negocios tan grandes no se mueven sin la mano del jefe del Estado, están ya casados con la que, a nuestro juicio, es el peor punto de partida para Cerro Matoso. Ahí la nación está muerta, como suele decirse, porque resulta que BHP Billiton lleva desde el año 1996 fraguando este momento sin ninguna oposición. Ha ido en coche montando una y otra cosa y ya les llegó la hora de cobrar la presa.

Cerro Matoso debe revertir a la nación

Cuál es la historia. Hay dos contratos, el 866 de 1963 y el 1727 de 1971, por 700 hectáreas, una superficie en apariencia pequeña, pero ahí es donde está prácticamente todo el níquel y ahí está la fábrica y ahí está el ciento por ciento de la producción. Los dos contratos establecen con claridad que al 30 de septiembre de este año, básicamente todo lo que está allí debe revertirle a la nación. Los contratos de concesión tienen en cierta medida un punto como de la felicidad para un país como el nuestro y es que a lo largo del desarrollo de la explotación, mientras está la trasnacional actuando ahí, quedan unos pesos de impuestos y de regalías, bastante escasos por lo demás, pero el momento esperado llega el día de la reversión, cuando todo lo que eran utilidades de la trasnacional se vuelven utilidades del Estado, con todos los equipos listos para seguir funcionando.

Lo que entonces sucede es que en el año 1996 a Billiton, a Cerro Matoso, se le ocurre que no son suficientes las 700 hectáreas. Pide otras 60 mil con un nuevo contrato, el 051. Por esas 60 mil hectáreas pagan hoy 782 millones de pesos al año en canon superficiario. Por canon superficiario debe haber pagado unos 13 mil millones de pesos, o sea, le duelen a Billiton esas 60 mil hectáreas, pero nunca han hecho nada por ellas y todavía están en exploración. Llevan 16 años explorando. Y no hacen nada porque ahí no hay níquel. En el total, los dos primeros contratos cuentan con el 96% de las reservas y el tercero, el 051, solo con el 4%. Entonces la pregunta, muy sencilla, es la siguiente: ¿para qué sirve el 051? Lo sabe la contralora, que lo ha venido haciendo muy bien, así refunfuñe el doctor Hommes. No se preocupe por eso, doctora Morelli. Hay que hacer un inmenso esfuerzo para coger en un acierto al doctor Hommes. Llevamos ya veinte años padeciéndolo y si de pronto el ministro, que debe ser amigo de él, lo logra, nos avisa. ¿Para qué sirve el 051? Adelantémoslo desde ya: para cambiar ilegalmente los dos contratos anteriores. Ese es todo el truco que estamos develando. Todo empieza con una jugada dolosa, fríamente calculada. Repito, Billiton le mete plata en grande a un contrato que no le sirve para nada, porque fue la llave con la cual violentaron los dos contratos iniciales.

Qué pierde la nación si no revierte

De cuánta plata estamos hablando. Es bueno que los colombianos lo sepan. Los activos generales, según las publicaciones de la empresa, valen 2,41 billones de pesos. De pronto haya ahí algunos pesos que no tienen que revertir, pero en general estamos hablando de una plata grande. El propio gobierno calcula que vale por lo menos 1,33 billones de pesos lo que debe revertir a la nación. Ahora, volvámoslos utilidades y preguntémonos a cuánta plata es a la que le estamos tirando, como se dice coloquialmente. Pues bueno, en los últimos siete años el promedio de utilidades de Cerro Matoso, reconocido en los libros, es de 350 mil millones de pesos al año. Todos sabemos que lo normal es que esas empresas oculten, señor director de la DIAN, una parte importante de sus utilidades, pero bueno, dejémoslo en esa cifra. Alguien me podrá decir que hubo un año en el que las utilidades fueron muy grandes, lo que hace atípica la serie. Bueno, bajémoslo entonces a 245 mil millones de pesos al año. Cojamos incluso el último año, que no fue tan bueno, ministro, porque estamos hablando de 204 mil millones. Si la reversión se hiciera, al gobierno colombiano le deberían entrar por la operación de la mina, después de regalías y de impuestos, 204 mil millones de pesos pulpitos en los próximos doce meses. Creo que es más, porque, obvio, el día que el Estado les entre a los libros de Cerro Matoso va a encontrar más de una verdad por allí paisajeada en la contabilidad, práctica usual, como sabemos. Difícil encontrar una empresa en el mundo que en las cuentas públicas consigne todas sus utilidades, porque hay muchas maneras de manejar las cuentas. 204 mil millones: ese es el tesoro que nos estamos disputando.

Billiton quiere ir hasta el año 2044

Si eso revirtiera a la nación colombiana, este país tendría 200 mil millones de pesos más en su bolsillo. Hoy Billiton está pidiendo que le dejen la mina hasta el 2044, lo que significa que tenemos reservas por otros 32 años e, incluso, creo, más allá, una mina pulpita que ha superado los momentos del arranque, de las complejidades tecnológicas, de mercados, un negocio por completo pulpo. El lío es que el gobierno quiere reconocerle a Cerro Matoso el 051 y lo que estamos cuestionando los demás es que eso no se debe aceptar. ¿Por qué lo decimos? La explicación es obvia. ¿Qué dice el 051? Son muy astutos. Lástima que esos abogados, criollos en buena parte, en vez de pensar por el país, lo hagan contra el país. El 051 dice que a partir de septiembre de 2012, fecha de la reversión, queda obligada la nación a alquilarle todo a Cerro Matoso, a Billiton, por una suma determinada. Ya hay allí una medida que violenta el interés nacional, que viola la soberanía del Estado colombiano, porque por un lado Cerro Matoso queda obligada a revertir, pero por otro no, porque el Estado colombiano está obligado a alquilarle todo.

Y eso incluye la idea de irse hasta el 2029 o hasta el 2044. Ojo con este detalle interesante, que me explicaron mis abogados. En el contrato 051, la palabra prórroga no aparece por parte alguna, pero según ellos dicen, está prorrogado hasta el 2029. ¿Y por qué no aparece? Porque, claro, por aquellas astucias de los rábulas, si aparece la palabra prórroga, queda al descubierto la ilegalidad. Entonces lo que hay es una prórroga por debajo de la mesa para ocultar la verdad y para defraudar el interés nacional. Esta la primera, llamémosla con amabilidad, pilatuna, o el primer acto doloso de Billiton Cerro Matoso, que no pudo haber sido hecho sin la complicidad en los funcionarios del Estado, digámoslo con nombre propio, porque el ministro de Minas de ese entonces se llama Rodrigo Villamizar Alvargonzález, hoy muy reputado ciudadano norteamericano, uno de los famosos del miti-miti. Los funcionarios que lo firmaron ya se escaparon de la acción de la ley, porque todos los procesos han prescrito. Lo que habría que preguntarse desde ya, y le hago la pregunta a los directivos de Billiton aquí hoy, es si van a investigar a su gente. ¿Va a investigar a quienes firmaron el 051 o van a validar lo que hicieron? ¿La junta directiva mundial respalda lo que están haciendo sus directivos en Colombia? ¿La junta directiva de Cerro Matoso de hoy respalda lo que hicieron sus antecesores en el 96? ¿El presidente de la empresa respalda lo que hicieron en el 96? ¿Les parece que es la manera de hacer negocios con un país que les abrió las puertas y que los ha enriquecido a reventar?

Un alquiler ridículo

Colombianos, ¿saben en cuánto hay que alquilarle a Billiton todo ese potosí? En una suma equivalente al 1,25% de las utilidades de la empresa, después de impuestos. Les doy el siguiente dato, y ya lo citó en algún medio el doctor Guillermo Rudas: si se liquida con base en las utilidades del año pasado, de 204 mil millones, habría que alquilarles ese potosí por 2.500 millones de pesos al año.* Es el monto irrisorio del negocio que estamos haciendo, con una advertencia y es que pueden no pagar nada. Es más, algunos de los analistas aseguran que hay una cláusula montada para poder decir que no hubo utilidades y entonces no pagar nada. Es el tamaño del tumbado que le quieren hacer a la nación colombiana.

(*) Se modifica parte de lo dicho, porque quedó inexacto. El sentido preciso es el que aparece en la réplica al final de esta transcripción.

La discusión es si ese contrato leonino, doloso contra el interés nacional, calculado para defraudar al país y para enriquecer a unos inversionistas extranjeros que ni saben dónde queda Colombia, la discusión, repito, es si ese contrato se va a cumplir o no. Ya ha salido el doctor Escobar, el vocero de la empresa, a decir que hay que cumplirlo y el ministro también lo dijo y ambos aducen que es legal. Entonces aquí empieza la discusión de si es legal o no el contrato. El Código de Minas de 1988 establecía con toda claridad que “la duración de los contratos de concesión será de 30 años” y, por tanto, los dos contratos no se podían prorrogar de ninguna manera. El consejo directivo de Ingeominas en 2008 conceptuó: “Bajo la legislación vigente en ese momento no se contemplaba la prórroga de los contratos de concesión”. No se podían prorrogar contratos, no era posible. La contralora Morelli ha advertido que lo que quieren gobierno y empresa “es transmutar la naturaleza de la concesión a una licencia” y concluye que “carece de asidero legal”. Es clarísimo que lo que están es en los hechos violentando la legislación.

La Contraloría les sale al paso

Voy a leer algunas cosas que ha dicho la Contraloría General de la República: “El objeto del contrato 051 presuntamente irregular, en lo que respecta al área de concesión fuera de los términos establecidos”. Otro documento de la Contraloría, de 2011: “Minercol pactó dentro del contrato 051 una situación por fuera del alcance lógico y legal aplicable”. Dice también: “Determina situaciones por fuera del marco del ámbito de competencia del contrato (…) se excedió en contra de los intereses del Estado”. Otra: “Si el contrato 051 hace exclusión expresa y directa de las áreas de los títulos ya otorgados”, por qué se termina determinando sobre ellos. Dice también: “Ese contrato no tiene competencia para definir las situaciones de los contratos 866 y 1727 (…) Lo pactado en este contrato extralimita en el objeto del contrato mismo”. No hubo ni siquiera estudio para definir el canon. Entonces, ojo, es la trasnacional, la que tiene todas las cuentas, la que les dice unos funcionarios colombianos cuánto es el canon de alquiler.

En algún momento Ingeominas contrató unas consultorías. Por ejemplo, el doctor Alejandro Ordóñez, hoy procurador general de la Nación, dice que “no existe obligación del concedente –o sea, del Estado— de otorgar la prórroga en las mismas condiciones”. El doctor Luis Jorge Ferro: “Se concluye que no es conveniente para la nación proceder a una prórroga inmediata de la concesión con los términos vigentes”. Agrega este consultor que “busquen un arrendamiento de los equipos que sea por lo menos igual a lo que se deja de recibir por impuestos”. Y ojo con este detalle. Como los equipos siguen siendo de la nación y apenas se le alquilan a la trasnacional, la que por ese patrimonio sigue pagando impuestos es la nación colombiana. Porque finalmente ese patrimonio no le pertenece ya a la trasnacional, sino a los colombianos. Este consultor exige entonces que aun cuando sea paguen los impuestos. Les cuento lo que dijo el contralor Ossa hace muchos años: lo que paga de arriendo el puerto de Cartagena privatizado no alcanza a pagar el impuesto predial a cargo de la nación. Voy a decir una cosa muy dura: a este país se lo roban con una frescura inaudita.

Miren lo que dice el consultor Carlos Antonio Espinosa: “Las condiciones propuestas son ALTAMENTE INCONVENIENTES PARA EL ESTADO COLOMBIANO” (mayúsculas fijas en el original), “modificaciones en contradicción con la norma aplicable”, “no creemos que sea posible otorgar una prórroga por plazo de 30 años conforme al régimen legal de los contratos”, “los concesionarios no tienen tal derecho” a la prórroga, “la contraprestación adicional que se propone fijada no es un beneficio real, material y tangible para el Estado (…) Es claro que tal contraprestación no se causará casi en ningún caso”. Y están hablando del 4%, no del 1,25%. “Y en ello el documento propuesto se cuida en condicionar la base y en indicar que de no haber utilidades comerciales después de impuestos no habrá compensación alguna”. Conclusión: tienen amarrado el burro para ni siquiera pagar el insignificante porcentaje planteado.

El control de advertencia que hace la contralora general de la República, quiero llamar la atención, se lo hace a la Agencia Nacional de Minería y al ministro de Minas. Creo que hizo como una sabia la doctora Beatriz Uribe cuando renunció a ese cañengue en el que la estaban montando, porque se cae de su peso que aquí puede terminar gente en la cárcel. No soy abogado, pero sí sé leer y sé la gravedad de lo que está ocurriendo. Dice la señora contralora: “Ese es un contrato que presenta riesgo de legalidad”, ojo con el lenguaje. La Contraloría no puede emitir una condena porque no está facultada, pero cuando afirma que “presenta riesgo de legalidad” y da razones y argumentos para ello, lo que está haciendo son advertencias severas. Añade: “Tiene evidente riesgo de ser lesivo para los intereses de la nación (…) En lo económico, además del evidente riesgo legal, la forma en que se acordaron las condiciones de reversión y de arrendamientos de los activos son lesivas a los intereses de la nación”. Aquí sí se hace la afirmación tajante. Y explica: “El canon no se relaciona con el valor real de los activos” y sí “se relaciona con condiciones inciertas”. Ojo con esto, definitivamente las hacen de hojitas: establecen un canon de arrendamiento que se calcula “exclusivamente con información generada por el arrendatario”.

El Estado colombiano no tiene capacidad para fiscalizar a los titulares mineros, lo han dicho esta Contraloría y las dos anteriores. Se les cree por fe las cuentas que presentan. La DIAN tampoco ha sido capaz de ponerlos en cintura. Pero la DIAN también ha hecho acusaciones leídas en esta Comisión llamándole la atención al país de los horrores que vienen sucediendo en los negocios de la gran minería y cómo hay en ellos un mar de corrupción. También advierte algo obvio y es que el ministro tiene que verificar el cumplimiento de los contratos. Aun si la prórroga fuera posible, que no lo es, lo mínimo que tendría que hacer usted, señor ministro, es revisar si de verdad Cerro Matoso está cumpliendo o no.

¿Por qué tanto afán en la subasta 4G?

Carta de los senadores Juan Mario Laserna y Jorge Enrique Robledo al ministro de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Bogotá, 24 de agosto de 2012. 

Lo que está en juego con la subasta de espectro electromagnético para internet de alta velocidad o tecnología 4G es sí Colombia va a dar pasos para que la comunicación y el acceso a la información se conviertan en derechos o si su materialización plena continuará aplazándose. Masificar entre todos los estratos el acceso al internet, la red de comunicaciones e información más democrática construida por la humanidad, es un asunto clave para el país.

Por eso creemos inadecuado el afán con el que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está desarrollando la licitación 4G. El quince de agosto se publicó el documento donde se enumeran los posibles escenarios que puede tener la licitación. Aunque allí se plantea el dilema existente entre promoción de la competencia en el mercado de las TIC y aumento de cobertura y se enumeran ventajas y desventajas de cada uno de los seis escenarios propuestos para las subastas de espectro electromagnético en desarrollo, no se cuantifican, a pesar de existir las herramientas para hacerlo, los impactos cuantitativos de acoger cada uno de esos escenarios. Cuantificación que daría enormes luces sobre el camino que debería seguir el gobierno.

Queremos insistir en una idea ya expuesta por los senadores que suscribimos esta carta: replicar el monopolio que Comcel-Claro tiene en la telefonía celular, telefonía en la práctica convertida en un servicio público, en el servicio de internet de alta velocidad puede significar décadas en los que los colombianos no logren convertir a la comunicación y el acceso a la información en verdaderos derechos. Y al contrario promover la competencia entre varias empresas con la tecnología 4G aplicando una fórmula que aumente la cobertura, puede hacer realidad la combinación de un servicio de alta calidad con un precio que todos los colombianos puedan pagar.

Seguimos convencidos de que los colombianos no están debidamente informados sobre los impactos de las subastas de espectro electromagnético en curso. Y el plazo tan corto, entre el 15 y el 24 de agosto, definido para que empresas y ciudadanía alleguen comentarios a los escenarios propuestos para la subasta ni despejan las dudas sobre el proceso y tampoco dan más elementos técnicos para tomar la decisión más adecuada para el país. Por eso le solicitamos conferir un tiempo razonable para comentarios una vez se publique el segundo proyecto de resolución. El país debe hacer todo lo posible para evitar que se consolide el monopolio, lo que no es otra cosa que actuar en contra de los derechos de los colombianos.

Fallo de la Corte Constitucional sobre PND, derrota de la retardataria política sobre tierras de Juan Manuel Santos: Robledo

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, 24 de agosto de 2012
Triunfaron las concepciones democráticas. Santos ya no podrá entregarles las tierras del Estado a los monopolios. Duro golpe a la extranjerización de tierras. Demanda fue presentada por los congresistas Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias y tuvo el respaldo de importantes organizaciones civiles.

Tras conocerse la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucionales los artículos 61, 62 y 63 del Plan Nacional de Desarrollo, el senador Jorge Enrique Robledo afirmó que el fallo es un inmenso triunfo de las concepciones democráticas sobre una de las políticas más reaccionarias en la historia del agro colombiano.

La Corte les dio la razón a los congresistas Jorge Enrique Robledo y Wilson Arias del Polo Democrático Alternativo, quienes demandaron las normas por considerar que con ellas el gobierno pretendía que monopolios y trasnacionales se apropiaran las tierras del Estado, que la legislación anterior reservaba para los campesinos. Los artículos del PND desconocían la figura de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), unidad de área que prohíbe que el Estado titule sus tierras más allá de lo que necesita una familia campesina.

Antes de que el gobierno expidiera estas normas, los campesinos que recibieran tierras del Estado no podían vendérselas a grandes propietarios y los baldíos solo se podían entregar a familias campesinas en tamaños que no superaran una UAF. Sin embargo, en el Plan de Desarrollo se eliminaron estas limitaciones para permitir que grandes compañías, especialmente extranjeras, se apropiaran estas tierras.

Los congresistas del Polo se opusieron desde un principio a esta política, la que calificaron como una de las más reaccionarias en la historia del país. Las normas no sólo agravaban la desigualdad en la propiedad rural, cuyo índice de Gini es superior a 0,87, sino que también lesionaban la soberanía nacional y la seguridad alimentaria al permitir que el gobierno les entregara las tierras públicas a las multinacionales, explicó Robledo.

La demanda fue respaldada por prestigiosas organizaciones como Dejusticia, Grupo Semillas, Colectivo Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas y numerosas organizaciones agrarias.

Robledo resaltó que el fallo es un duro golpe a la política de extranjerización de la tierra que el Presidente y su Ministro de Agricultura han venido impulsando.

Precisiones necesarias. Tendencia MOIR-PDA

Gustavo Triana, Secretario General de la Tendencia MOIR- PDA, Bogotá, agosto 25 de 2012 

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A raíz de la exclusión de los militantes del Partido Comunista Colombiano, PCC, del Polo, declaraciones de esa organización y de sus principales voceros, contienen aseveraciones calumniosas y temerarias contra el MOIR y su principal vocero público, el senador Jorge Enrique Robledo. En igual forma, distintos documentos y opiniones de personas que se refieren a la controversia en trámite, agreden a otros destacados dirigentes del Polo como Clara López, Carlos Gaviria, Carlos Romero, Jaime Dussán y Wilson Arias. Tales agresiones nos obligan a reiterar nuestra posición sobre los asuntos que son objeto de debate en el Polo Democrático Alternativo, PDA.

La aparición de la contradicción actual en el Polo, es responsabilidad directa de quienes rompieron los acuerdos fundacionales del partido y echaron por la calle del medio al comprometerse con el impulso, la conformación y la conducción del movimiento político Marcha Patriótica, en desafiante contravención del programa, los estatutos y las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional del PDA. Recordemos que quienes se fueron hacia el movimiento Progresistas tuvieron igual tratamiento, con la aprobación, sin reserva alguna, de los miembros del Partido Comunista que eran integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Polo.

Al no aceptar la participación dual en movimientos políticos distintos, estamos velando por la vigencia del Polo. Resulta por demás absurdo que nos señalen como divisionistas a quienes, por el contrario, hemos tenido probada lealtad y disciplina con los postulados programáticos, la organización y las políticas y resoluciones de la Dirección del PDA. Es una conducta irresponsable y temeraria la desinformación y la propalación de infundios sobre nuestras actuaciones en la lucha política y reivindicativa. Nuestro quehacer, de probada postura antiimperialista y democrática, ha estado y está a la vista y para el escrutinio de todos los colombianos.

Veamos algunas de esas calumnias: “Una responsabilidad grave corresponde a los dirigentes del Moir en su cerrado sectarismo y en su empeño de llevar al Polo a la conciliación con sectores terratenientes y empresariales, trasvestidos de burguesía nacional” (http://bit.ly/NrZORt). “Si el Moir no está a gusto con el PC en el Polo, pues que se vaya para la `unidad nacional´”. En las páginas web de Anncol y de Pacocol (Partido Comunista Colombiano) se han colgado artículos que mienten al poner a Jorge Enrique Robledo como propietario de tierras rurales y de ocuparse únicamente de defender a los poderosos, acusación falaz contra la destacada y reconocida labor de Robledo al servicio de los reclamos de trabajadores, campesinos y del empresariado nacional. Y más irresponsable es el artículo firmado por Horacio Duque Giraldo, que dice: “Jaime Dusan, Carlos Romero, Clara López y Carlos Gaviria quieren ganarse la gracia y el perdón de la oligarquía colombiana acuchillando a los comunistas”(http://bit.ly/Rk1zVS). Es inconcebible tal grado de agresividad y calumnia en un país donde, desafortunadamente, las prácticas terroristas y el atentado personal se han impuesto como métodos en la lucha política y social. También se nos endilga una supuesta indolencia o despreocupación por los asuntos de la paz.

Los acuerdos fundacionales de Alternativa Democrática, y del Polo Democrático Alternativo después, permitieron juntar distintas tendencias y personalidades para defender la soberanía nacional, los derechos de las clases trabajadoras y la población en general, salvar la producción y el empleo nacionales, reclamar una salida política al conflicto armado y luchar por el establecimiento de un gobierno nacional y democrático. Con la enfática precisión de apelar a la lucha política y electoral, a la protesta ciudadana y la movilización organizada de las masas, descartando la utilización o contemporización con la lucha armada y todas sus degradaciones. Se ponía fin así, lo creímos en su momento, a más de tres décadas de dispersión de la izquierda colombiana. Desde entonces, diciembre de 2005, el Polo ha tenido relevantes avances y no pocos reveses, siempre ligados al grado de lealtad y consecuencia o no que las tendencias y militantes han tenido con el Ideario, los Estatutos y las Directivas y Resoluciones Políticas de las instancias de dirección del partido.

Coherentes con lo aprobado hace casi siete años, los sectores más comprometidos del PDA nos empeñamos en la concreción del más grande haz de voluntades para defender la soberanía, el trabajo, la producción y la democracia. Y para ello intentamos juntar a trabajadores, empresarios nacionales, campesinos, grupos poblacionales, estudiantes, intelectuales, es decir a todos los afectados por las políticas que el gobierno imperialista de Estados Unidos le impone a nuestro país. Los polistas hemos estado en las centrales obreras reclamando trabajo estable y salarios y prestaciones dignas; con los estudiantes defendiendo una educación nacional, científica y democrática; con los productores agropecuarios y la industria manufacturera en las movilizaciones contra los TLC; con los pequeños y medianos mineros contra el desplazamiento y el saqueo de la minería transnacional; juntando sindicatos, alcaldes, académicos, parlamentarios de todos los partidos y grupos poblacionales para defender los intereses de Colombia en Cerromatoso y en La Guajira; con los pacientes, trabajadores, profesionales, sociedades científicas y prestadores de servicios de la salud trabajando unidos para derogar la Ley 100 y conquistar un nuevo modelo de salud; con los caficultores, paneleros, cacaoteros, lecheros, arroceros, ambientalistas, entre muchos otros, practicando una política amplia y de convergencia para ofrecer resistencia a la recolonización imperialista. Observemos que los gobiernos democráticos de América Latina, que hoy están quebrando las políticas del Banco Mundial, el FMI y la globalización neoliberal, lo hacen con acierto, en estrecha alianza con el empresariado nacional y con personalidades progresistas. Aquí, en nuestro terruño, recibimos fuego amigo y se nos estigmatiza por intentar algo similar.

¿De cuándo acá, adelantar una práctica política consecuente con el Ideario de Unidad se puede tildar impunemente de colaboración con los agentes del neoliberalismo y el libre comercio o con la unidad nacional de Santos? ¿En razón de qué quienes dividen al Polo al crear otro movimiento político, alientan falsas expectativas sobre Juan Manuel Santos y desechan construir la más amplia convergencia con los damnificados por el avasallamiento imperialista, son los unitarios y revolucionarios? Pedimos que las contradicciones se resuelvan de manera civilizada, que en las unidades políticas nos atengamos al cumplimiento de los acuerdos y reglas voluntariamente y previamente convenidas. Nadie puede pretender imponerle a otro la adopción de tácticas y estrategias que no son de su parecer y, menos aún, si la historia y la práctica han mostrado su ineficacia y su inconveniencia.

Acompañamos sin reserva la exigencia de una salida política al conflicto armado; eso sí, sin detrimento de nuestro rechazo al terrorismo, el atentado personal, la destrucción de la infraestructura económica, la extorsión y demás degradaciones cometidas a nombre de la revolución. Estamos con los anhelos del pueblo colombiano a vivir sin la ya larga pesadilla del conflicto bélico que nos golpea desde hace varios decenios y sus nefastas consecuencias para la democracia, la economía y la soberanía nacional.

Educación para pobres, alimentación para pobres

Francisco Torres, Arauca, Julio 15 del 2012.

Para que no quede duda de que los gobiernos neoliberales –ahora encarnados en Santos- han tomado como bandera empobrecer más a los pobres, para que se enriquezcan todavía más los monopolios y multinacionales, a la educación pública cada día más desfinanciada, desmejorada y perseguida le suman una alimentación escolar –cuando hay- que indigna porque demuestra el desprecio que tienen los que mandan este país por los hijos del pueblo.

Es así como los recursos que el Estado, por medio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, da para la alimentación escolar –de una parte de los millones de niños y jóvenes que asisten a las escuelas y colegios públicos, la inmensa mayoría de familias en la pobreza y en la miseria-, son de una tacañería que da escalofrío.

Veamos algunos ejemplos. 320 pesos para un desayuno balanceado consistente en una frita y un pocillo de chocolate, 389 pesos para una empanada de yuca rellena de pollo –que debe pasar corriendo por la cocina- y una avena con leche. Y cuando se siente generoso este gobierno que se dice de los pobres, 880 pesos para una arepa rellena de carne acompañada de una avena con leche.

Como ahora todo se presenta en términos muy técnicos –para impresionar y descrestar-, el ciclo de minutas está soportado en una tabla de nutrientes y en unos costos por unidad de medida que impresionan. Lástima que los papeles no llenen la barriga ni ayuden al crecimiento físico e intelectual.

Dichos “refuerzos” son llevados a páginas, licitados y adjudicados. Los contratistas que ganan los contratos subcontratan a las juntas de padres de familia. Como es obvio, una parte de los 320 o de los 880 pesos de los “refuerzos alimenticios” se convierten en pago de impuestos o en ganancias de los contratistas ¿Qué queda entonces para la alimentación de los niños?

El Gobierno, para defender lo indefendible, manifiesta que es sólo un refuerzo y que la alimentación de los estudiantes debe correr a cargo de sus padres. Y eso pudiera ser cierto en un país que tuviera agricultura e industria que generaran empleo, buenos salarios, vías de comunicación adecuadas y transporte escolar. Pero la realidad es que en Colombia manda el desempleo y ordena el rebusque, la política económica del Estado consiste en acabar con la producción nacional, los ingresos son mínimos –el 85% de las familias colombianas manifiestan que sus ingresos no les alcanzan para subsistir o a duras penas para sobrevivir-, las vías de comunicación son en la mayoría de los casos trochas y no existen programas oficiales para que los estudiantes se transporten de sus casas a sus instituciones educativas.

No sobra recordar que con la reforma de regalías Santos le quitó a los departamentos productores minero-energéticos, que por coincidencia son pobres y alejados, los recursos que usaban para financiar restaurantes y transporte escolar.

En consecuencia, los estudiantes del sector público antes de la salida del sol buscan como llegar –cualquier medio es bueno- al colegio, aguantan hambre todo el día y retornan en condiciones azarosas a sus lugares de habitación muy pasado el mediodía. Y la solución del presidente Santos a las nueve o diez horas de aguantar hambre de los estudiantes es una frita con un pocillo de chocolate, discursos y amenazas contra la comunidad educativa sino alcanzan resultados similares a los de los colegios privados, donde hay excelente transporte y almuerzos de rechupete.

Visitar escuelas y colegios –sobre todo de las zonas rurales- es una tarea que conmueve. Jóvenes de quince años con gastritis -¿por qué será, señor presidente?- y niños que todos los días se quejan de dolor de cabeza – ¿será el hambre? -.

En este panorama que tanto duele e indigna, qué decisiva, qué merecedora de apoyo popular, qué justamente indignada, la iniciativa de FECODE, La MANE, la Federación de Profesores Universitarios, los padres y madres de familia de impulsar un Referendo por la Educación Pública que garantice una adecuada financiación, atándola el Producto Interno Bruto del País –el 7%-, que eleve la educación a derecho fundamental y que establezca la prestación del servicio educativo público de manera directa. Porque no puede ser que la educación sea reducida a la mendicidad y la niñez y la juventud colombianas al papel de pordioseras que reciben unas migajas.

BHP Billiton contra Colombia

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 17 de agosto de 2012.

Según los contratos 866 y 1727 de 1963 y 1971, el 30 de septiembre de 2012 debe ser un día de fiesta en Colombia. Porque desde esa fecha, y por 30 ó muchos años más, el país va a quedarse con otros 204 mil millones de pesos al año por el níquel del departamento de Córdoba, además de los impuestos y regalías que paga Cerro Matoso S.A., de propiedad de BHP Billiton. El cálculo de esos nuevos e importantes ingresos para el país, o incluso más, sale de que revierten a la Nación la mina y los equipos con los que la trasnacional se ganó esa suma en 2011.

Pero esa fecha también puede convertirse en día aciago para Colombia, si el presidente Santos, a través del ministro de Minas, insiste en someterse a Billiton –que también explota nuestro carbón en El Cerrejón–, la cual pretende que se apliquen, no los contratos citados, sino el 051 de 1996, cuya ilegalidad y carácter leonino son tan manifiestos que motivaron un duro control de advertencia de la Contraloría General de la República y el rechazo de no pocos analistas y el de todos los congresistas que opinamos al respecto en el debate en la Comisión Quinta del Senado (http://bit.ly/No5kWk).

Por el contrato 051, los bienes de Billiton en Cerro Matoso sí pasan al poder de la nación colombiana al finalizar septiembre, pero en ese mismo instante el gobierno tiene que arrendárselos a la trasnacional, que seguirá explotándolos hasta 2029 o 2044, porque la maniobra también prorrogó el 866 y el 1727, a pesar de prohibirlo el Código de Minas de esos días. Como si fuera poco, el 051 estableció que los activos que revertirán –1.4 billones de pesos– hay que alquilárselos a Billiton por el 1.25 por ciento ¡anual! de las utilidades de la empresa ¡luego de impuestos! (http://bit.ly/PszBnI), porcentaje que sobre 204 mil millones de pesos de utilidades equivale al ínfimo 0.18 por ciento del valor de los activos. En plata, por un arriendo de 2.500 millones de pesos al año, la Nación le entregaría a la trasnacional bienes que dan ganancias por 204 mil millones anuales. El negocito equivale a alquilar por 213 mil pesos mensuales un apartamento que cuesta 1.400 millones. Si esto no es una defraudación del patrimonio público, ¿qué es?

El 051 fue un acto doloso calculado para ocultar y justificar las prórrogas ilegales de los contratos 866 y 1727 y apropiarse por migajas de un gran negocio. Porque estos dos contratos responden por el 96 por ciento de las reservas de níquel y el 100 por ciento de la producción, mientras que el área del 051, tras 16 años, ni siquiera se explota, lo que muestra que su única función ha sido la de servirle a Cerro Matoso Billiton para modificar ilegalmente los contratos donde está el negocio de verdad. Que la trasnacional se justifique diciendo que esto es fruto de la privatización, porque Colombia era dueña del 48 por ciento de Cerro Matoso, solo confirma algo sabido: la historia de las privatizaciones es la de los timos contra el patrimonio nacional. BHP Billiton tuvo billones de razones para armar las cosas así. ¿Y los funcionarios colombianos que le ayudaron? Caben dos posibilidades: bobería o corrupción. Pero se sabe que los bobos no llegan a los altos niveles del Estado.

Es obvio que el interés de Colombia terminará mal si el gobierno no empieza por aplazar la decisión para después del 30 de septiembre, para actuar sin presiones, y por declarar la caducidad del 051, de manera que el control de este buen negocio pase de las manos de Cerro Matoso S.A. a las del Estado. Luego de estas decisiones, que se busque la opción más conveniente para explotar la mina y producir ferroníquel, que a mi juicio es hacerlo con una empresa de la Nación que se apropie del ciento por ciento de las utilidades que hoy enriquecen a Billiton, la minera más grande del mundo.

La dificultad para concretar esta propuesta reside en que el presidente Santos decidió dar como legal el 051 y, como si fuera gran cosa, suplicarle a Cerro Matoso S.A. que le pase al gobierno unos pesos más allá de lo que dice ese contrato ilegal y leonino, espejitos de origen colonial que no impiden la defraudación pero sí se usarán para absolver a una administración que carece del valor civil necesario para defender el interés nacional. Es por ello que tiene un ministro de Minas como Mauricio Cárdenas, quien, según siete medios nacionales y extranjeros, les dijo a trescientos ejecutivos de trasnacionales mineras que les había nombrado un viceministro cuyo “trabajo es mantenerles feliz, asegurarles que todos sus problemas sean resueltos” (http://bit.ly/PqtrEp). Y les está cumpliendo.

Confesiones sobre restitución de tierras

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, agosto 12 de 2012

Doctora

JUANITA LEÓN

Directora La Silla Vacía

Ciudad

Cordial saludo:

Atentamente, le solicito publicar el siguiente artículo con el que comento la entrevista de La Silla Vacía con Alejandro Reyes, del 29 de julio de 2012. Ojalá puedan publicarse también las fuentes que aporto, que considero de importancia.

Por su atención reciba mis agradecimientos.

Jorge Enrique Robledo Senador

Bogotá, 6 de agosto de 2012.

CONFESIONES SOBRE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Jorge Enrique Robledo

“Quien dice que hasta el momento no se ha entregado una hectárea de tierra (por restitución a las víctimas), dice la verdad”. Juan Manuel Santos (eltiempo.com, Agt.03.12)

En entrevista con La Silla Vacía, Alejandro Reyes (http://bit.ly/PdxLoi), asesor del Ministerio de Agricultura, reconoce que el gobierno manipuló las cifras de restitución de tierras y deja claro que Santos va a concentrar aún más la tierra rural.

A la inquietud de la periodista de por qué “tanto Santos como el Ministro han hablado de miles de hectáreas ya restituidas”, Alejandro Reyes respondió: “Pienso que sí hubo cierta ligereza en el manejo de las cifras y ciertas imprecisiones en la manera de presentarlas sobre todo por parte del Presidente, cuando anunció como restitución a la población desplazada lo que era la asignación y titulación de baldíos que traía una inercia del pasado”.

Por fin alguien del gobierno –porque el ministro Restrepo no tuvo la gallardía de hacerlo en el debate en el Senado– acepta que no eran ciertas las cifras de restitución de tierras y que se manipularon, presentando “como restitución (…) lo que era la asignación y titulación de baldíos”. Que Reyes evada la responsabilidad del ministerio de Agricultura al echarle la culpa a Santos y lo haga en un leguaje calculado para palidecer la gravedad de lo ocurrido, cuando lo que hubo fue una campaña sistemática para engañar en Colombia y en el exterior, no le quita valor a la confesión. En el debate demostré que por lo menos en 16 ocasiones, desde la Casa de Nariño –Sistema de Información del Gobierno (SIG)–, se mintió sobre las cifras de restitución y que todavía el 21 de abril pasado Santos le dijo a El País de España que llevaba 800 mil hectáreas restituidas a 30 mil familias. ¡Y hoy no va ni una! Con un agravante: el ministro de Agricultura insiste en negar que el gobierno prometió restituir 160 mil predios al 7 de agosto de 2014.

De otra parte, para embellecer a Santos, Reyes agregó: “Para mí es claro que Uribe representa una coalición de élites propietarias de la tierra que piensa que los campesinos están bien como trabajadores agrícolas pero no como propietarios de su tierra”. Pero lo cierto es que Santos es partidario de lo que Reyes dice que le gusta a Uribe; y va más allá.

Siguiendo lo intentado por Uribe en el estatuto rural que le hundió la Corte Constitucional, en el Plan de Desarrollo Santos cambió la Ley 160 que decía que las tierras baldías del Estado solo se les podían entregar a campesinos. En adelante, podrán dárselas a cualquier gran productor, mediante algún tipo de arrendamiento. Y Santos también modificó la norma para que las parcelas campesinas adjudicadas por el Estado puedan venderse hasta convertirse en grandes haciendas, lo que antes no se podía (1).

De acuerdo con Reyes, el autoproclamado “Presidente de los campesinos” va a introducir en la ley de Desarrollo Rural el derecho real de superficie, que separa la propiedad del suelo de lo que se cultiva en él, de forma que los campesinos y los pequeños y medianos empresarios terminen arrendándoles sus predios a muy largo plazo a grandes inversionistas, incluidos los extranjeros, con lo que, en la práctica, perderán sus fincas. Como gran gracia, Santos ha dicho que el campesino recibirá una renta por su tierra –rentistas paupérrimos– y un salario como jornalero del que le arriende la tierra. A las causas de la concentración de la tierra en Colombia, por presión económica o violencia, se le sumará otra: por alquiler de las fincas. Y según explicó el gerente del Incoder, los campesinos a los que el gobierno les adjudique tierras, como en el caso de Las Catas, les será obligatorio volverse “socios” de un gran empresario (2). Para decirlo en palabras de Reyes, Santos “piensa que los campesinos están bien como trabajadores agrícolas pero no como propietarios de su tierra”.

Lo que de verdad pretende Santos en el agro, además del TLC con sus graves impactos, también se determina en Estados Unidos. Según el Banco Mundial, ante el TLC, hay que pasarles las tierras a los “usuarios más eficientes” (3), incluidas las trasnacionales que andan por el mundo tras los mejores suelos rurales.

Todo indica que la restitución de tierras, incluso si se diere, es cortina de humo para ocultar el conjunto de la política agraria de Santos. Pero dadas las cifras y las falsedades que intentaron con ellas, puede suceder que al final se esté ante una cortina de humo que ni humo eche. Muy de acuerdo con la personalidad del Presidente.

Bogotá, 6 de agosto de 2012.

CITAS:

(1). Programa de gobierno de Juan Manuel Santos: Punto 63: “Fomentaremos (…) el desarrollo de grandes explotaciones agropecuarias”.

(2). Juan Manuel Santos: SIG, Sept.07.10, Barrancabermeja: “El mercado de capitales de inversión no debe mirar a los campesinos como vendedores de tierras baratas, sino como prósperos propietarios, que pueden asociarse en buenos términos con importantes inversionistas”. “Tenemos un ambicioso programa de formalización de la pequeña propiedad agraria, que les permitirá a los campesinos convertir en patrimonio la tierra que ocupan y trabajan”. “¡Ellos merecen ser socios y obtener rentas de capital, además de sus ingresos laborales!”

Juan Manuel Ospina ( Gerente del Incoder): Los campesinos explotarán Las Catas “teniendo como aliados empresarios que aportarán su conocimiento (…) socios que compren los productos y los acompañen en la financiación”. “En el caso del cacao vamos a tener un aliado importante que es la Nacional de Chocolate”. A los campesinos les advirtió: “Se tienen que volver socios, tienen que aprender a convivir bajo unas reglas y el que no se adapte tiene que salir”.

(3). El Banco Mundial (2007), “Colombia 2006-2010. Una ventana de oportunidad” “La firma del TLC con los Estados Unidos hace urgente concentrar la atención de las políticas públicas en la economía rural, pues las condiciones de competitividad cambiarán en forma drástica, y existe el riego de que se puedan profundizar las desigualdades”. “El uso eficiente de la tierra requiere condiciones que faciliten la movilidad de los derechos de propiedad, de modo que la tierra pueda utilizarse en actividades más productivas por usuarios más eficientes”. “hay pocas posibilidades para el acceso a la tierra a través del mercado, lo que obstaculiza su movilidad como factor de producción. Los mercados de arriendo son activos en términos de participantes, pero no de área”.

EFECTOS DEL AGUA FRÍA SOBRE EL CORAZÓN

Por  favor sea un amigo verdadero y envíe este artículo a todos sus  amigos y a los que  estima. 

Para aquellos a los  que les gusta  beber  agua fría, este artículo es  interesante. NO es bueno beber una copa de alguna bebida fría  después de una comida. Por qué????? El agua fría solidificará la  materia aceitosa que usted acaba de consumir.  Esto retrasará la  digestión. Una vez que este ' lodo ' reaccione con el ácido, se  disolverá y será absorbido por el intestino más rápidamente que  el alimento sólido. Muy pronto, esto se  convertirá en  grasas y se conducirá al corazón. Lo mejor es beber sopa caliente oagua templada después de  una comida.   

Una nota seria sobre  ataques al corazón: usted debería saber que el principal síntoma de ataque al corazón NO va a ser siempre un dolor en el brazo izquierdo.Esté  alerta a un dolor intenso en la línea de la mandíbula. 

Usted quizás nunca tenga el primer dolor de pecho durante el curso de un  ataque al corazón. Las náuseas y el sudar intensamente son también síntomas comunes. El 60% de la gente que tiene un ataque al corazón mientras están dormidos, ya no despiertan. 

El dolor en la mandíbula puede despertarlo de un sueño profundo. Seamos  cuidadosos y estemos atentos. Cuanto más sepamos, mayor será la  oportunidad que tengamos para poder sobrevivir.  

Un cardiólogo dice que si cada uno que lee este mensaje lo envía a 10 personas, Usted puede estar seguro que por lo menos salvaremos una  vida. 

Lea esto y reenvíelo a un amigo. Podría salvar una vida. Entonces, por  favor sea un amigo verdadero y envíe  este artículo a todos sus amigos que le importan.

Fuente: la cadena de correos